El juicio oral contra los campesinos acusados de la muerte de otros once agricultores y seis policías en Paraguay, en un enfrentamiento que provocó la destitución del presidente Fernando Lugo en 2012, se celebrará el próximo 26 de junio, informó hoy a Efe el fiscal del caso, Jalil Rachid.
Once campesinos llevan casi dos años en prisión preventiva tras ser acusados por la Fiscalía de ser los responsables de provocar un enfrentamiento con unos 300 policías de unidades especiales que se saldó con 17 muertos.
La matanza fue uno de los argumentos usados por el Parlamento para incoar un juicio político a Lugo y destituirlo del cargo un año antes de terminar su mandato.
Lugo, que gobernaba con el apoyo de una alianza de movimientos sociales y campesinos, fue sustituido por el derechista Federico Franco, del Partido Liberal, que quedó aislado diplomáticamente cuando los bloques regionales, como el Mercado Común del Sur (Mercosur), consideraron la maniobra como "una alteración del orden democrático".
Rachid explicó a Efe que "más de 120 testigos" acudirán al juicio "entre civiles que estuvieron adentro y fuerzas especiales de la Policía Nacional".
Los campesinos ocuparon esas tierras para que fueran incluidas en el programa de reforma agraria al considerar que pertenecen al Estado, que disputa su propiedad con la familia del fallecido empresario Blas N. Riquelme, un importante cargo del Partido Colorado, la formación del presidente paraguayo, Horacio Cartes.
Vicente Morales, uno de los abogados de la defensa de los campesinos, únicos acusados de la muerte de los policías y de sus propios compañeros que fallecieron durante el intercambio de disparos con los agentes, dijo que aún no han recibido la convocatoria al juicio.
"Ni nosotros ni los acusados fuimos notificados. No es normal", declaró a Efe Morales.
"Este juicio tiene un prejuzgamento claramente visible en razón de la cantidad importante de irregularidades procesales cometidas por el Ministerio Público y por la jueza de garantías en la audiencia preliminar", añadió el abogado.
Los campesinos están procesados por homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno.
Cinco de ellos cumplen hoy 25 días en huelga de hambre en la cárcel de Tacumbú, en Asunción, para que se acelere el litigo paralelo y pendiente entre el Estado y la empresa que considera que es titular de las tierras.
La causa sobre quién es el dueño de lugar se encuentra atascada en la Corte Suprema debido a la acción de inconstitucionalidad presentada hace un año por la familia Riquelme.
Los presos en huelga de hambre exigen no ir al juicio oral hasta que no se aclare la titularidad de la finca.
