Las patronales agrarias de Argentina convocaron a una nueva huelga comercial en demanda de una mayor rebaja de los impuestos a la exportación de granos que el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández se niega a conceder.
La acción de protesta, la segunda huelga patronal en lo que va de año y séptima desde que estalló el conflicto, en marzo de 2008, se realizará entre mañana y el viernes próximo y consistirá en la no comercialización de cereales y ganado, anunciaron los organizadores.
'Estamos con una profunda preocupación porque después de tantos meses continúa la crisis', dijo Mario Llambías, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, una de las cuatro entidades que convocaron la huelga en una rueda de prensa.
El anuncio de la medida de fuerza se produjo en una jornada en que se multiplicaron los bloqueos de carreteras por parte de agricultores en distintos lugares del país, medidas que fueron calificadas como una 'extorsión' por el Gobierno.
Los cortes se iniciaron el jueves luego de que los diputados oficialistas boicoteasen el quórum en el Parlamento para debatir un proyecto presentado por la oposición para bajar los impuestos a las exportaciones los granos.
Pero la irritación de las patronales rurales creció cuando en la tarde del jueves la presidenta Fernández anunció que destinará a las provincias y municipios el 30 por ciento de lo que recaude por el impuesto a las exportaciones de soja, el principal cultivo del país.
El derecho a las ventas externas de soja es del 35 por ciento y el Ejecutivo se niega a bajarlo para no afectar las cuentas públicas.
Las organizaciones agrarias consideran 'confiscatorio' ese tributo y los que pesan sobre las exportaciones de girasol (32 por ciento), trigo (23 por ciento) y maíz (20 por ciento).
'No alentamos los cortes de rutas. Lamentablemente son efectos no deseados. Entendemos que hay mucha bronca en el campo, pero no queremos perjudicar a la población y no va a haber desabastecimiento de alimentos', declaró Llambías.
El conflicto entre el Gobierno y las patronales rurales estalló en marzo de 2008, cuando el Ejecutivo impuso un sistema de impuestos a las exportaciones de granos que fue rechazado por el Parlamento, tras lo cual las alícuotas volvieron a fijarse.
Por esta situación Argentina, uno de los mayores productores y exportadores mundiales de alimentos, sufrió el año pasado millonarias pérdidas por las huelgas agropecuarias y los bloqueos de carreteras que llevaron a cabo los productores agrarios.
'Estamos con una profunda preocupación porque después de tantos meses continúa la crisis', dijo Mario Llambías, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, una de las cuatro entidades que convocaron la huelga en una rueda de prensa.
El anuncio de la medida de fuerza se produjo en una jornada en que se multiplicaron los bloqueos de carreteras por parte de agricultores en distintos lugares del país, medidas que fueron calificadas como una 'extorsión' por el Gobierno.
Los cortes se iniciaron el jueves luego de que los diputados oficialistas boicoteasen el quórum en el Parlamento para debatir un proyecto presentado por la oposición para bajar los impuestos a las exportaciones los granos.
Pero la irritación de las patronales rurales creció cuando en la tarde del jueves la presidenta Fernández anunció que destinará a las provincias y municipios el 30 por ciento de lo que recaude por el impuesto a las exportaciones de soja, el principal cultivo del país.
El derecho a las ventas externas de soja es del 35 por ciento y el Ejecutivo se niega a bajarlo para no afectar las cuentas públicas.
Las organizaciones agrarias consideran 'confiscatorio' ese tributo y los que pesan sobre las exportaciones de girasol (32 por ciento), trigo (23 por ciento) y maíz (20 por ciento).
'No alentamos los cortes de rutas. Lamentablemente son efectos no deseados. Entendemos que hay mucha bronca en el campo, pero no queremos perjudicar a la población y no va a haber desabastecimiento de alimentos', declaró Llambías.
El conflicto entre el Gobierno y las patronales rurales estalló en marzo de 2008, cuando el Ejecutivo impuso un sistema de impuestos a las exportaciones de granos que fue rechazado por el Parlamento, tras lo cual las alícuotas volvieron a fijarse.
Por esta situación Argentina, uno de los mayores productores y exportadores mundiales de alimentos, sufrió el año pasado millonarias pérdidas por las huelgas agropecuarias y los bloqueos de carreteras que llevaron a cabo los productores agrarios.
