La polémica deportación de la alumna gitana Leonarda Dibrani obligó ayer a dar la cara al ministro del Interior, Manuel Valls, y a los sindicatos de policía, en un nuevo intento por acallar unas críticas que no acabaron con la decisión de permitir su regreso pero no el de su familia. Valls aseguró no haber pensado en tener que dimitir si se hubiera permitido la vuelta de la familia al completo, porque siempre confió en que se hallara una solución que 'respetara la fuerza de la ley'.
Valls, considera que lños agentes realizaron de forma correcta su trabajo, pero la constatación de que 'hubo una falta de discernimiento debido a una cadena de intervención que mezcló a demasiados actores' le llevaron a modificar la normativa vigente. A partir de ahora, según la nueva circular enviada anoche a los prefectos de policía, no se podrá actuar no solo dentro de la escuela o en sus alrededores, sino en el marco de todas las actividades organizadas por las autoridades escolares.
'Solo hay una línea: La aplicación firme del Derecho. Y no es contradictoria con un gesto de generosidad conforme a los valores de Francia', explicó.
'Solo hay una línea: La aplicación firme del Derecho. Y no es contradictoria con un gesto de generosidad conforme a los valores de Francia', explicó.
