La Cámara baja del Parlamento irlandés comienza a debatir una propuesta del Gobierno para prescindir del Senado, una medida que podría suponer un ahorro de hasta 20 millones de euros anuales para las arcas del Estado. La nueva ley será analizada por los diputados durante dos semanas y después pasará a la propia Cámara alta, que tiene poderes para incluir recomendaciones en el texto pero no para bloquearla aunque su mayoría no está de acuerdo con el documento.
La grave crisis económica que atraviesa Irlanda ha llevado al Ejecutivo de coalición entre conservadores y laboristas a elaborar este proyecto de reforma, pues considera que el Senado, compuesto por 60 escaños, es un foro 'irrelevante' en la política del siglo XXI. Una vez que la Cámara baja haya dado su visto bueno a los posibles retoques sugeridos por sus miembros y por los senadores, el documento volverá a manos del Gobierno para presentar un texto definitivo, que deberá ser votado por los diputados antes de ser ratificado en un referéndum a principios del próximo octubre.
El Ejecutivo confía en superar el trámite parlamentario gracias a su mayoría, a pesar de que desde las filas del conservador partido Fine Gael y del laborismo se han alzado voces en contra de la abolición. En ambos casos, los líderes de esos partidos han advertido de que obligarán a sus miembros a votar en línea con la posición del Gobierno.
El primer ministro irlandés, el democristiano Enda Kenny, afirmó que, teniendo en cuenta el tamaño del país de apenas 4,5 millones de habitantes, hay 'demasiados políticos', al tiempo que ha cuestionado la relevancia del Senado, un órgano que, en su opinión es 'elitista' y 'anticuado'.
La supresión del Senado vendría acompañada de la eliminación de ocho de los 166 escaños de la Cámara baja, cuya nueva composición entraría en vigor después de las próximas generales, previstas para 2018. Aunque los sectores contrarios a la desaparición de la Cámara Alta advierten de que el Gobierno podrá tomar decisiones sin el freno que imponen los mecanismos de 'control y equilibrio', el Gobierno ha asegurado que se reforzará el papel de los comités multipartitos parlamentarios.
DISCUSIÓN EN ESPAÑA
En España, y aunque la supresión de la Cámara alta no se traduciría, en términos económicos, en un ahorro cuantioso, el debate sobre su utilidad se ha reavivado con la crisis. En la actualidad está formado por 266 miembros, de los que 208 son electos y 58 designados por los parlamentos autonómicos, con un salario de más de 37.510 euros al año como base, sin contar desplazamientos, dietas y numerosos complementos. La cuantía global de su presupuesto para este año asciende a 51.900.640 euros, lo que supone una disminución del 2,47% respecto del presupuesto de la Cámara para 2012.
Sólo su página web, que se lanzará previsiblemente el próximo mes de noviembre, supone un gasto de 437.690 euros.
En los primeros días de junio se conocía un documento del partido socialista de cara a la Conferencia Territorial de julio en el que se propone la supresión del Senado para crear, en su lugar, una verdadera cámara de representación territorial que sólo debata y se pronuncie sobre leyes de contenido autonómico. Sus miembros, un máximo de 90, serían representantes de los Gobiernos autonómicos o de los parlamentos regionales, punto que todavía no ha definido el partido y que está en estudio. De esta manera, se cedería toda la soberanía nacional al Congreso y la fórmula sería lo más parecida posible al modelo alemán.
El Ejecutivo confía en superar el trámite parlamentario gracias a su mayoría, a pesar de que desde las filas del conservador partido Fine Gael y del laborismo se han alzado voces en contra de la abolición. En ambos casos, los líderes de esos partidos han advertido de que obligarán a sus miembros a votar en línea con la posición del Gobierno.
El primer ministro irlandés, el democristiano Enda Kenny, afirmó que, teniendo en cuenta el tamaño del país de apenas 4,5 millones de habitantes, hay 'demasiados políticos', al tiempo que ha cuestionado la relevancia del Senado, un órgano que, en su opinión es 'elitista' y 'anticuado'.
La supresión del Senado vendría acompañada de la eliminación de ocho de los 166 escaños de la Cámara baja, cuya nueva composición entraría en vigor después de las próximas generales, previstas para 2018. Aunque los sectores contrarios a la desaparición de la Cámara Alta advierten de que el Gobierno podrá tomar decisiones sin el freno que imponen los mecanismos de 'control y equilibrio', el Gobierno ha asegurado que se reforzará el papel de los comités multipartitos parlamentarios.
DISCUSIÓN EN ESPAÑA
En España, y aunque la supresión de la Cámara alta no se traduciría, en términos económicos, en un ahorro cuantioso, el debate sobre su utilidad se ha reavivado con la crisis. En la actualidad está formado por 266 miembros, de los que 208 son electos y 58 designados por los parlamentos autonómicos, con un salario de más de 37.510 euros al año como base, sin contar desplazamientos, dietas y numerosos complementos. La cuantía global de su presupuesto para este año asciende a 51.900.640 euros, lo que supone una disminución del 2,47% respecto del presupuesto de la Cámara para 2012.
Sólo su página web, que se lanzará previsiblemente el próximo mes de noviembre, supone un gasto de 437.690 euros.
En los primeros días de junio se conocía un documento del partido socialista de cara a la Conferencia Territorial de julio en el que se propone la supresión del Senado para crear, en su lugar, una verdadera cámara de representación territorial que sólo debata y se pronuncie sobre leyes de contenido autonómico. Sus miembros, un máximo de 90, serían representantes de los Gobiernos autonómicos o de los parlamentos regionales, punto que todavía no ha definido el partido y que está en estudio. De esta manera, se cedería toda la soberanía nacional al Congreso y la fórmula sería lo más parecida posible al modelo alemán.
