La decisión de una jueza federal argentina de pedir a España datos sobre ministros y mandos militares durante la Guerra Civil y la dictadura franquista fue aplaudida ayer por organismos humanitarios y por víctimas del régimen, que esperan 'lograr justicia'.
La magistrada María Servini de Cubría pidió a España nombres y domicilios de los ministros y jefes de las fuerzas de seguridad en el período comprendido entre el 17 julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, en el marco de una demanda abierta en Argentina. El 17 julio comenzó en la ciudad española de Melilla, norte de África, la sublevación contra el Gobierno republicano de las tropas que mandaba Francisco Franco. El 15 junio se celebraron en España las primeras elecciones democráticas después del franquismo.)
La petición de la juez deberá ser tramitada por medio de un exhorto de la Cancillería argentina a las autoridades españolas, según confirmó el abogado Ricardo Huñis, uno de los redactores de la demanda presentada en 2010 por víctimas del franquismo a instancias del principio de justicia universal.
'Insistiremos a la Cancillería para que apuren la tramitación del exhorto judicial, que estimamos que llegará a España en unos 20 días. Creemos que la respuesta no puede demorarse más de tres meses', señaló el letrado, representante de la querella.
El exhorto incluye a los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, Directores de Seguridad y dirigentes de la Falange Española y solicita el certificado correspondiente en caso de fallecimiento.
TORTURADOS Y DESAPARECIDOS
La jueza también pidió información sobre personas desaparecidas, asesinadas y torturadas durante la dictadura franquista, niños apropiados y datos de empresas que utilizaron a presos políticos para trabajo esclavo, según fuentes judiciales.
'Estoy esperanzado en lograr justicia. Hay muchos testigos dispuestos a hablar en esta causa', dijo el demandante Darío Rivas Cando, hijo de Severino Rivas, fusilado por falangistas en 1936.Por su parte, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, expresó su deseo de que el Gobierno español atienda el principio de justicia universal y que este proceso ayude a las familias a conocer la verdad y averiguar el paradero de las víctimas.
Según Silva, los jueces argentinos que investigan los crímenes de la dictadura no son juzgados por hacerlo como Baltasar Garzón'. Garzón fue suspendido provisionalmente en 2010 en sus funciones de magistrado de la Audiencia Nacional española debido a la causa que le abrió el Tribunal Supremo por presunto delito de prevaricación en sus investigaciones sobre los crímenes cometidos por el franquismo. Entre las demandas presentadas por genocidio ante los tribunales de Buenos Aires figuran las de Rivas, Silvia Carretero, viuda de Luis Sánchez Bravo, uno de los cinco últimos fusilados por el franquismo e Inés García, sobrina de Elías García, asesinado en 1937.
Cuentan además con el auspicio de organismos humanitarios locales, entre ellos el Servicio de Paz y Justicia que dirige Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980.
La petición de la juez deberá ser tramitada por medio de un exhorto de la Cancillería argentina a las autoridades españolas, según confirmó el abogado Ricardo Huñis, uno de los redactores de la demanda presentada en 2010 por víctimas del franquismo a instancias del principio de justicia universal.
'Insistiremos a la Cancillería para que apuren la tramitación del exhorto judicial, que estimamos que llegará a España en unos 20 días. Creemos que la respuesta no puede demorarse más de tres meses', señaló el letrado, representante de la querella.
El exhorto incluye a los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, Directores de Seguridad y dirigentes de la Falange Española y solicita el certificado correspondiente en caso de fallecimiento.
TORTURADOS Y DESAPARECIDOS
La jueza también pidió información sobre personas desaparecidas, asesinadas y torturadas durante la dictadura franquista, niños apropiados y datos de empresas que utilizaron a presos políticos para trabajo esclavo, según fuentes judiciales.
'Estoy esperanzado en lograr justicia. Hay muchos testigos dispuestos a hablar en esta causa', dijo el demandante Darío Rivas Cando, hijo de Severino Rivas, fusilado por falangistas en 1936.Por su parte, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, expresó su deseo de que el Gobierno español atienda el principio de justicia universal y que este proceso ayude a las familias a conocer la verdad y averiguar el paradero de las víctimas.
Según Silva, los jueces argentinos que investigan los crímenes de la dictadura no son juzgados por hacerlo como Baltasar Garzón'. Garzón fue suspendido provisionalmente en 2010 en sus funciones de magistrado de la Audiencia Nacional española debido a la causa que le abrió el Tribunal Supremo por presunto delito de prevaricación en sus investigaciones sobre los crímenes cometidos por el franquismo. Entre las demandas presentadas por genocidio ante los tribunales de Buenos Aires figuran las de Rivas, Silvia Carretero, viuda de Luis Sánchez Bravo, uno de los cinco últimos fusilados por el franquismo e Inés García, sobrina de Elías García, asesinado en 1937.
Cuentan además con el auspicio de organismos humanitarios locales, entre ellos el Servicio de Paz y Justicia que dirige Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980.
