La jueza instructora Marina Cimma ha rechazado la solicitud de la Fiscalía de Nápoles de que se envíe a juicio inmediato al expresidente del Gobierno italiano Silvio Berlusconi por la supuesta compra de votos para intentar hacer caer al Gobierno de Romano Prodi (2006-2008).
Los fiscales encargados del caso, Sergio De Gregorio y Valter Lavitola, en el que Berlusconi ha sido investigado por presunta corrupción y financiación ilegal de partidos, explicaron que era necesario celebrar un juicio inmediato debido a las importantes pruebas en su contra.
La Fiscalía de Nápoles (sur de Italia) pidió también el juicio inmediato para el exsenador Sergio de Gregorio y el exdirector del diario 'Avanti' Valter Lavitola, quien el pasado 4 de marzo fue condenado también en Nápoles a 2 años y 8 meses de prisión por intentar extorsionar al ex primer ministro con información sobre sus fiestas con mujeres jóvenes.
Este caso trata el posible pago de tres millones de euros a De Gregorio, exsenador del progresista partido Italia de los Valores (IDV), para que se pasara a las filas del conservador Pueblo de la Libertad (PDL) de Berlusconi.
Según ha explicado su abogado, el propio De Gregorio, dentro de su llamada 'operación de verdad', ha denunciado haber recibido dinero de Berlusconi como parte de un plan acordado en 2006 para hacer caer el Gobierno Prodi, algo que finalmente ocurrió, pero por la salida del ministro Clemente Mastella en 2008.
Pero el propio ex primer ministro, quien volvió al poder en las elecciones de 2008 tras la caída del Ejecutivo Prodi, ha asegurado que De Gregorio había acudido a sus abogados para pedirles ayuda, ya que, según les dijo, era presionado por los fiscales para que declarara contra él.
Lavitola, considerado antiguo colaborador de Berlusconi, es presuntamente quien hizo de intermediario entre éste y De Gregorio para, tras el acuerdo de 2006, abandonar su grupo en el Senado en 2007 y pasar al PDL.
La Fiscalía de Nápoles ha solicitado además a la Junta para las Autorizaciones del Parlamento poder, entre otras cosas, abrir una caja fuerte que utilizaba Berlusconi (que goza de la condición de aforado) localizada en una sede del Banco Monte dei Paschi di Siena (MPS) de Roma.
La Fiscalía de Nápoles (sur de Italia) pidió también el juicio inmediato para el exsenador Sergio de Gregorio y el exdirector del diario 'Avanti' Valter Lavitola, quien el pasado 4 de marzo fue condenado también en Nápoles a 2 años y 8 meses de prisión por intentar extorsionar al ex primer ministro con información sobre sus fiestas con mujeres jóvenes.
Este caso trata el posible pago de tres millones de euros a De Gregorio, exsenador del progresista partido Italia de los Valores (IDV), para que se pasara a las filas del conservador Pueblo de la Libertad (PDL) de Berlusconi.
Según ha explicado su abogado, el propio De Gregorio, dentro de su llamada 'operación de verdad', ha denunciado haber recibido dinero de Berlusconi como parte de un plan acordado en 2006 para hacer caer el Gobierno Prodi, algo que finalmente ocurrió, pero por la salida del ministro Clemente Mastella en 2008.
Pero el propio ex primer ministro, quien volvió al poder en las elecciones de 2008 tras la caída del Ejecutivo Prodi, ha asegurado que De Gregorio había acudido a sus abogados para pedirles ayuda, ya que, según les dijo, era presionado por los fiscales para que declarara contra él.
Lavitola, considerado antiguo colaborador de Berlusconi, es presuntamente quien hizo de intermediario entre éste y De Gregorio para, tras el acuerdo de 2006, abandonar su grupo en el Senado en 2007 y pasar al PDL.
La Fiscalía de Nápoles ha solicitado además a la Junta para las Autorizaciones del Parlamento poder, entre otras cosas, abrir una caja fuerte que utilizaba Berlusconi (que goza de la condición de aforado) localizada en una sede del Banco Monte dei Paschi di Siena (MPS) de Roma.
