Los 24 comuneros de Cristimil y A Torre (San Amaro) aprobaron en asamblea la propuesta que trasladarán en estos días a la Xunta de Galicia después de que la Audiencia Provincial les diera la razón sobre la titularidad de la propiedad en donde está ubicado el Castro de San Cibrao de Las y el Centro de Interpretación Castrexa. Proponen a la Administración autonómica dos opciones, o bien abona un canon anual, todavía por concretar, y con la correspondiente subida del IPC y una cesión por 20 años; o procede a expropiar las 15 hectáreas de terreno que fueron motivo del proceso judicial, y que han valorado los comuneros en 750.000 euros.
El presidente de los comuneros, Modesto Rodríguez, manifestaba ayer su malestar y transmitía la decepción de la asamblea en relación a la reciente reunión que mantuvo la directiva con la directora xeral de Cultura Arqueolóxica, María del Carmen Martínez, que pretendía una cesión totalmente gratuita de los terrenos. "Sentímonos engañados, sempre nos dixeron que íbamos ter dous ou tres postos de traballo, e xa nos trataron amárgamente con anterioridade e agora topámonos cunha persoa neste posto que non ten respecto polos veciños", apunta el presidente que se refiere a un "trato prepotente co que queren pasar por encima da xente humilde, así é como defenden o rural". En ese sentido se refirió a las fincas de la concentración parcelaria "totalmente abandonadas" y reclamó también que se busque el ara que ha desaparecido de la casa grande de Eiras y que pertenecía al castro.
La Xunta de Galicia junto con el Concello de San Amaro fueron las dos instituciones denunciadas por los comuneros, que finalmente no recurrieron el fallo del pasado mes de septiembre de 2019 de la Audiencia Provincial de Ourense que había ratificado la titularidad de la Comunidad de Montes vecinales en mano común de Cristimil y A Torre de los terrenos del monte A Cidade. La Audiencia desestimaba el recurso de apelación interpuesto por la Xunta frente a la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ourense del 12 de abril de 2018, que otorgaba la titularidad de los terrenos a los comuneros.
