Los empresarios temen las sanciones, mientras 25 centros han adaptado ya sus instalaciones
La Asociación de Empresas Funerarias de Ourense dejará de prestar servicios en velatorios y centros sociales utilizados para ese fin que carezcan del permiso sanitario establecido en el decreto 151/2014 de Policía Sanitaria Mortuoria a partir del próximo 1 de febrero. A raíz de la comunicación por parte de la Consellería de Sanidade de que la multa en estos casos es para las empresas funerarias y no así para los propietarios o administradores de estos centros ilegales, la asociación solicitó conocer qué velatorios están legalizados en la provincia.
Durante el pasado mes de octubre, Sanidade comunicó a los ayuntamientos la obligación que tienen de velar por la legalidad en alusión al uso de los centros sociales. La Delegación Territorial de la Xunta confirmó que durante el 2015 se incoaron tres expedientes, dos a empresas funerarias y uno a un concello, a los que se les aplicaron sanciones leves. Las mismas fuentes indican que desde octubre no se tramitó ningún otro expediente, si bien, el presidente de la Asociación de Empresarios, Antonio García Aliende, manifestaba que le consta que algunas empresas recibieron apercibimientos por parte de Sanidade para que no utilizaran locales ilegales, por cuyo motivo la entidad solicitó la lista de velatorios legales de los que ha informado a sus asociados, "esperando que Sanidade tome medidas con los que consta que no lo son", puntualiza. García Aliende también añadía que "desconocemos los que están ilegales, pero hay algunos que se están reformando y de ellos nos irá informando Sanidade, de los restantes cada funeraria deberá tener cuidado".
Según fuentes de la Delegación Territorial de la Xunta en Ourense, desde la comunicación a los concellos, se han adaptado a la legalidad un total de 25 centros, con lo que en la actualidad hay 101 disponibles, después de realizar las reformas, adquirir un libro de registros y remitir a Sanidade una declaración responsable, si bien todavía no han sido inspeccionados.
En cuanto a la moratoria solicitada hasta ahora por cuatro concellos para ejecutar las obras en los centros sociales: Carballiño, Maside, Boborás y Cea, la delegada territorial, Marisol Díaz, mantuvo una reunión con tres de ellos, instándolos a solucionar el problema y descartando prácticamente la concesión de la moratoria. n
