La Fiscal reclama tres años de prisión para tres socios y un colaborador
El Juzgado de Instrucción 2 de Carballiño dio por concluida la instrucción de la falsificación de contraetiquetes de la Denominación de Origen Ribeiro por parte de las bodegas Barbantiño SL, que comercialiaba vino amparado en las marcas Bantiño, Viñaribia y Real Bantiño. La fiscal del caso acaba de presentar su escrito de calificación provisional en el que acusa a tres socios y un colaborador de Barbantiño (las bodegas ya cerraron) de uso ilegítimo de denominación de origen, falsedad de certificados y estafa continuada, delitos por los que reclama tres años de prisión para cada uno de ellos, así como su inhabilitación especial para el ejercicio de toda actividad relacionada con el cultivo, elaboración o comercialización del vino durante el tiempo que dure la condena.
En el banquillo de la Audiencia, se sentarán los hermanos Antonio y David Bóveda Osorio ,María Pilar Viéitez -los socios y administradores de la entidad hasta comienzos de 2010-, así como Felipe Bóveda Parente -marido de Pilar- quien participaba en la gestión y operaciones mercantiles de las bodegas.
Según recoge la fiscal en su escrito de calificación, los inculpados durante el año 2009 o incluso con anterioridad adquirieron miles de litros de vino blanco y tinto que no reunía los requisitos de calidad exigidos por el Consello Regulador de la Denominación de Origen Ribeiro. Sostiene la representante de la acusación pública que "los acusados procedieron a obtener contraetiquetas consistentes en meras copias o imitaciones de las auténticas para comercializar el vino de las marcas Bantiño, Real Bantiño y Viñaribia.
Los supermercados Froiz adquirieron, a través del distribuidor Disnieto SL, a la empresa de los inculpados 11.304 botellas de la marca Bantiño en 2009. Por su parte, Gadisa compró 4.300 botellas de Real Bantiño y Viñaribia.
De hecho, la fiscal reclama, en concepto de responsabilidad civil, que los inculpados indemnicen de forma solidaria a Froiz y Gadisa con las cantidades que se determinen en la ejecución de sentencia.
En este proceso, también están personado el Consejo Regulador de la Denominación de Orixe para ejercer la acusación particular. Fue precisamente este órgano el que detectó el fraude en una inspección y comprobación rutinaria.
