El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Ourense ha desestimado el recurso presentado por el Concello de Ribadavia contra la resolución de un pleno de la Mancomunidad de O Ribeiro mediante la que se aprobó definitivamente el presupuesto correspondiente al ejercicio económico del año 2006.
Las autoridades municipales habían alegado la baja del servicio mancomunado de Protección Civil y prevención y extinción de incendios, que la institución comarcal continuó cobrando al Concello.
No obstante, la sentencia indica que el perito designado judicialmente no encontró indicios de que el presupuesto de la Mancomunidad no cumpla con los requisitos establecidos por la ley y por los propios estatutos de la entidad.
Gasto
Asimismo, señala el juzgado que pese a haber dejado de percibir los servicios en marzo de 2005, la Mancomunidad tiene derecho a cobrarlos igualmente, teniendo en cuenta que la baja fue voluntaria, por cuyo motivo, no le exime de su contribución al gasto generado por la totalidad de los servicios, apunta la sentencia.
El Juzgado también considera que la liquidación económica realizada por el ente comarcal se ajusta a los estatutos y acuerdos firmes de liquidación.
La desestimación del recurso exime del pago de las costas, al no apreciarse, apunta, temeridad ni mala fe en ninguna de las partes litigantes Finalmente, señala que contra este fallo judicial se puede interponer recurso de apelación, que el Concello tiene en estudio.
No obstante, la sentencia indica que el perito designado judicialmente no encontró indicios de que el presupuesto de la Mancomunidad no cumpla con los requisitos establecidos por la ley y por los propios estatutos de la entidad.
Gasto
Asimismo, señala el juzgado que pese a haber dejado de percibir los servicios en marzo de 2005, la Mancomunidad tiene derecho a cobrarlos igualmente, teniendo en cuenta que la baja fue voluntaria, por cuyo motivo, no le exime de su contribución al gasto generado por la totalidad de los servicios, apunta la sentencia.
El Juzgado también considera que la liquidación económica realizada por el ente comarcal se ajusta a los estatutos y acuerdos firmes de liquidación.
La desestimación del recurso exime del pago de las costas, al no apreciarse, apunta, temeridad ni mala fe en ninguna de las partes litigantes Finalmente, señala que contra este fallo judicial se puede interponer recurso de apelación, que el Concello tiene en estudio.
