El Plan Xeral de 2003 impulsado por el exalcalde Manuel Cabezas y anulado por la Justicia diseñaba un Ourense para 250.000 habitantes, cuando la ciudad, y ahora está a la baja en número de habitantes, no llegaba a los 110.000. Desde entonces, las grandes cifras se han racionalizado y, de hecho, el abastecimiento de agua que se está construyendo en la actualidad tendrá capacidad para 140.000, una cifra que parece mucho más razonable.
Las directrices de ordenación del territorio dicen ahora que sin agua no hay urbanización porque aquel planeamiento de Cabezas incrementaba enormemente las previsiones edificatorias residenciales pero no los servicios necesarios para hacerlas viables. Es decir, que las aspiraciones de aquel planeamiento quedan muy lejos de la realidad actual y el nuevo Plan tendrá que volver a poner los pies en el suelo.
En la práctica y en materia de suelo residencial, eso significa que alrededor de 35.000 viviendas proyectadas en 2003 desaparecerán del futuro planeamiento, que, en principio, partirá de una propuesta de 20.000 nuevas viviendas.
Esta reducción drástica de la edificabilidad implicará que numerosos particulares y empresas vean devaluadas sus propiedades, al cambiar la calificación del suelo, una situación que ya se ha producido a raíz de la anulación del Plan Xeral y la vigencia del planeamiento de 1986. 'En el Plan anulado no existía ni un solo metro cuadrado de suelo rústico común. O era rústico protegido, por ser una ribera de un río o una montaña, o era urbanizable', relata la concejala de Urbanismo, Áurea Soto.
Con ese panorama la edil percibe que 'se mantendrá lo previsto en el suelo que ya es urbano. En el resto hay que mirar hacia dónde queremos que crezca la ciudad y eso está claro que será en el entorno de la Ronda Bulevar'.
Por ello, desde el gobierno municipal se asume que el próximo planeamiento defraudará a muchos particulares con expectativas de recalificaciones de sus propiedades pero el objetivo es que sea 'sostenible'. Sobre las posibles indemnizaciones que podría acarrear el cambio de calificación de los suelos, como ha sucedido con la caída del Plan, Soto considera que el Concello tendrá que asumir las derivadas de los derechos que sean reconocidos 'judicialmente'.
En la práctica y en materia de suelo residencial, eso significa que alrededor de 35.000 viviendas proyectadas en 2003 desaparecerán del futuro planeamiento, que, en principio, partirá de una propuesta de 20.000 nuevas viviendas.
Esta reducción drástica de la edificabilidad implicará que numerosos particulares y empresas vean devaluadas sus propiedades, al cambiar la calificación del suelo, una situación que ya se ha producido a raíz de la anulación del Plan Xeral y la vigencia del planeamiento de 1986. 'En el Plan anulado no existía ni un solo metro cuadrado de suelo rústico común. O era rústico protegido, por ser una ribera de un río o una montaña, o era urbanizable', relata la concejala de Urbanismo, Áurea Soto.
Con ese panorama la edil percibe que 'se mantendrá lo previsto en el suelo que ya es urbano. En el resto hay que mirar hacia dónde queremos que crezca la ciudad y eso está claro que será en el entorno de la Ronda Bulevar'.
Por ello, desde el gobierno municipal se asume que el próximo planeamiento defraudará a muchos particulares con expectativas de recalificaciones de sus propiedades pero el objetivo es que sea 'sostenible'. Sobre las posibles indemnizaciones que podría acarrear el cambio de calificación de los suelos, como ha sucedido con la caída del Plan, Soto considera que el Concello tendrá que asumir las derivadas de los derechos que sean reconocidos 'judicialmente'.
