La Fiscalía de Medio Ambiente consiguió 15 condenas frente a seis absoluciones cuando el caso llegó a juicio en 2014
El servicio de Delitos Medioambientales de la Fiscalía de la Audiencia Provincial centra buena parte de su trabajo en procurar una condena para aquellos que queman los montes, tanto si media intención de causar daño ecológico o por imprudencia grave. De los 21 procedimientos que llegaron a juicio el pasado año por delitos de incendios forestales, hubo 15 sentencias condenatorias, una cifra nada desdeñable si se tienen en cuenta las dificultades que entrañaba la tramitación por la Ley del Jurado (desde julio los incendios han dejado de ser competencia de los tribunales populares). Una proporción que se repite: en 2013, 15 condenas frente a cinco absoluciones.
Pero la fiscal responsable, Carmen Eiró Bouza, cree que en materia de incendios no caben triunfalismos a tenor de las demoledoras consecuencias que traen consigo: "Producen normes daños ambientales y grandes impactos ecológicos en el suelo -pérdidas de nutrientes, destrucción de la microfauna-; en la vegetación, al destruir la parte aérea de la masa forestal y producir el aumento de plagas; en la red fluvial por la erosión y contaminación de las aguas; en la biodiversidad, al destruir el hábitat natural y producirse la pérdida de especies de flora y fauna; en el paisaje o en el clima por el aumento de emisiones de CO2".
Dificultades
Las dificultades para dar con el autor tiene su reflejo directo en al estadística judicial. Actualmente, según calcula Eiró Bouza, sólo en torno al 25% de las diligencias previas que se abren por incendios forestales llegan a juicio, uno de los porcentajes más altos de toda Galicia. La mayor parte se archiva, principalmente, por la falta de culpable o bien porque los hechos no son constitutivos de delito incardinable en el artículo 358 del Código Penal al tratarse de hechos fortuitos o imprudencias leves. En este último apartado, se engloban no pocos accidentes con máquinas agrícolas. Carmen Eiró lo ejemplifica con una situación de fuerza mayor : el impacto de una cadena de una desbrozadora contra una piedra que provoca chispas en la fricción y en la que los operarios se muestran diligentes para tratar de extinguir las llamas. Aún con todo, la Fiscalía, pese a pedir el archivo penal, ordena deducir testimonio a la Consellería de Medio Rural por si procede incoar un expediente administrativo sancionador.
Los juzgados de la provincia contabilizaron el pasado año 197 procedimiento judiciales con imputados (presunto autor), pero no todos llegaron a juicio. Según puntualiza la fiscal, "el fuego en 2014 fue clemente con el monte", todo lo contrario que en 2015. A tenor de los datos del Seprona de la Guardia Civil, ardieron 854,89 hectáreas (163,80 arboladas). En 2013, por ejemplo, rozaron las 5.000.
La experta en temas medio ambientales de la Fiscalía de Ourense también pone el acento en las dificultades para determinar la autoría "porque los rumores no son indicios". Además, advierten que detrás de aquellos que queman el monte con intención (dolo) "hay personas que conocen muy bien el monte", de ahí que la solución tampoco reside -añade- en aumentar la vigilancia.
Sin olvidar, que la investigación resulta complicada "por la propia mecánica comisiva del incendio, ya que las pruebas se destruyen rápidamente". A ello habría que sumar otros dos condicionantes al margen del factor humano: el hecho de que en Galicia el combustible forestal es ingente y la meteorología.
Por estas razones, la judicatura enfatiza que los incendios no acaban cuando se apagan las llamas. "En ese momento, es cuando hay que empezar a trabajar para recuperar lo que ha ardido y evitar que vuelva a hacerlo", dice Carmen Eiró. E insiste en que "se pueden apagar 20 años antes de que se produzcan". ¿Cómo? "Promoviendo estrategias de restauración que modifiquen los actuales patrones forestales y disminuyan el riesgo de incendio en el futuro".
