A los dos socios de Afiador S.L. -la empresa implicada en el caso judicial abierto por la pretendida adjudicación y explotación de cuatro paneles informativos en la ciudad- se le acumulan las causas penales en los juzgados. Una vecina de la ciudad acaba de denunciar a Daniel Conde Campos y José Omar Bouzo Díaz esta misma semana por una presunta estafa en el mes de mayo del pasado año, en relación a la venta de un coche sobre el que pesaba un embargo a través de la empresa de las que son ambos administradores solidarios, 'Burgas Autómobiles S.L.'.
La particular ha presentado una querella este último viernes para demandar responsabilidades penales por un delito de estafa del artículo 251 del Código Penal. Según pudo saber este diario de fuentes cercanas al caso, el origen de la denuncia está en la notificación que la clienta de 'Burgas Automóbiles' recibió el pasado 18 de abril de este año por parte de la Agencia Tributaria, conminándola a que acudiese a la delegación ourensana. Un día después fue notificada de que sobre el coche de segunda mano que había adquirido a la citada empresa en mayo de 2010 por 4.250 euros (un Citroën C4) pesaba ya un embargo para responder de una deuda de 24.527 euros contraída por la mercantil con la Agencia Tributaria. Ante esta notificación, y puesta en contacto con los empresarios, que atribuyeron la comunicación administrativa a un error por parte de Hacienda, la compradora decidió acudir al Registro de Bienes Muebles. Allí comprobó que sobre el vehículo en cuestión no sólo había una anotación preventiva de embargo por parte de la Agencia Tributaria, sino otra de la Tesorería General de la Seguridad Social del año 2010 para hacer frente al pago de una deuda de 5.330 euros.
AFIADOR S.L.
Tanto Bouzo Díaz como Conde Campos -junto a tres políticos y un funcionario del Concello de Ourense- están acusados por el fiscal y la acusación particular que ejerce el PP en relación a la querella presentada por el Ministerio Público a raíz de la pretendida adjudicación de cuatro paneles informativos por parte del Concello de Ourense en el año 2008 a la empresa Afiador S.L. Aunque la vista oral aún no se celebró, se enfrentan a peticiones de cárcel de tres años de prisión por cohecho y falsedad documental. Las acusaciones estiman que esta empresa fue constituida ex profeso para que le fuera adjudicada la gestión de los paneles -contratación de publicidad y spots- durante 40 años.
AFIADOR S.L.
Tanto Bouzo Díaz como Conde Campos -junto a tres políticos y un funcionario del Concello de Ourense- están acusados por el fiscal y la acusación particular que ejerce el PP en relación a la querella presentada por el Ministerio Público a raíz de la pretendida adjudicación de cuatro paneles informativos por parte del Concello de Ourense en el año 2008 a la empresa Afiador S.L. Aunque la vista oral aún no se celebró, se enfrentan a peticiones de cárcel de tres años de prisión por cohecho y falsedad documental. Las acusaciones estiman que esta empresa fue constituida ex profeso para que le fuera adjudicada la gestión de los paneles -contratación de publicidad y spots- durante 40 años.
