Antonio Díaz López, 37 años, aceptó ayer una condena de un año de prisión por un delito de estafa así como a resarcir con 26.894 euros a la taxista de la ciudad a la que estafó haciéndose pasar por policía judicial de la Guardia Civil. La perjudicada, por su parte, considera que la deuda contraída fue de 36.000 euros si se tuviera en cuenta el dinero que le dejó para pagar supuestas deudas con colegas de trabajo o incluso el teléfono que contrató a su nombre.
Las sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense en virtud de la conformidad alcanzada ayer entre la defensa y la fiscal considera probado que el inculpado contactó con una taxista de la ciudad a finales de 2009, con la que inició una relación sentimental, pero haciéndole creer que era policía judicial y que en el desempeño de sus funciones precisaría de los servicios de la misma como taxista para trasladarlo por distintas ciudades de España, un trabajo por el que percibiría una remuneración por parte de la Guardia Civil. Los viajes, por lugares tan dispares como Madrid, Oviedo, Valladolid y otras ciudades españolas comenzaron a finales de enero de ese año y se prolongaron hasta principios del mes de junio.
La trama urdida por el inculpado le llevó a facilitar a la mujer supuestas autorizaciones oficiales de la Guardia Civil para prestar dichos servicios, así como le indicaba la dirección y organismo en el cual debía presentar las facturas derivadas de los servicios de taxi.
La perjudicada llegó a reclamar a Antonio Díaz las cantidades que iba adeudándole, pero él iba dando excusas. La estafa se destapó en junio cuando la taxista, por recomendación del inculpado, envió las facturas a la sede de la Guardia Civil en Madrid. Allí le hicieron saber que el supuesto agente pertenecía al instituto armado y que la mujer había sido objeto de un engaño.
RECONOCIMIENTO
El reconocimiento del delito, algo que había negado en la fase de instrucción judicial, hizo que la fiscal rebajase la condena, ya que inicialmente reclamaba dos años y medio de prisión para el acusado.
La trama urdida por el inculpado le llevó a facilitar a la mujer supuestas autorizaciones oficiales de la Guardia Civil para prestar dichos servicios, así como le indicaba la dirección y organismo en el cual debía presentar las facturas derivadas de los servicios de taxi.
La perjudicada llegó a reclamar a Antonio Díaz las cantidades que iba adeudándole, pero él iba dando excusas. La estafa se destapó en junio cuando la taxista, por recomendación del inculpado, envió las facturas a la sede de la Guardia Civil en Madrid. Allí le hicieron saber que el supuesto agente pertenecía al instituto armado y que la mujer había sido objeto de un engaño.
RECONOCIMIENTO
El reconocimiento del delito, algo que había negado en la fase de instrucción judicial, hizo que la fiscal rebajase la condena, ya que inicialmente reclamaba dos años y medio de prisión para el acusado.
