Manuel Baltar ha considerado "una satisfacción" que se archive el caso, surgido a raíz de las irregularidades detectadas por la Oficina Europea contra el Fraude (Olaf)
El presidente de la Diputación de Ourense Manuel Baltar ha considerado hoy "una satisfacción" que se archive la causa abierta sobre la licitación y adjudicación de un centenar de plantas depuradoras en municipios del rural orensano, un caso surgido a raíz de las irregularidades detectadas por la Oficina Europea contra el Fraude (Olaf) en los proyectos Daredo y Deputrans.
"Pienso que esto confirma las tesis de la Diputación", ha proclamado Baltar tras participar en la presentación de una publicación sobre Carlos Casares, donde ha señalado, a preguntas de los periodistas, que esta valoración también "deberían hacerla los que presentaron las denuncias correspondientes", en alusión al PSdeG-PSOE y BNG.
La Diputación defendió desde un inicio que las prescripciones técnicas del pliego respetaron escrupulosamente la ley y que el ente provincial podía establecer las prescripciones técnicas que considerase más convenientes para garantizar la máxima calidad de los suministros que adquiere.
En el escrito que ha dado a conocer hoy el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, el juez Antonio Piña acuerda "el sobreseimiento libre y el archivo de las actuaciones en cuanto al procedimiento de licitación y adjudicación de las plantas depuradoras incluidas en los proyectos Daredo y Deputrans", y añade que continúan las presentes actuaciones "como diligencias previas en orden a la averiguación de si concurre ilícito penal en la adjudicación de las asistencias técnicas realizadas a la empresa Netglobal en data 27 de enero de 2004".
A este respecto, el presidente provincial ha manifestado que habrá que esperar "a ver qué pasa con ese temita" que afecta a una asistencia técnica a un funcionario de la institución provincial.
"El resto está perfectamente descrito en el auto judicial", ha abundado Baltar, quien ha avanzado que la Diputación "hará valer sus intereses, que no son otros que los de la provincia", ha remarcado, tras resaltar que por ahora los procedimientos les vienen a dar la razón.
La OLAF recomendaba la determinación de posibles ilícitos penales en el proceso administrativo desarrollado por la Diputación, que contó con una subvención europea de 10,12 millones.
El presidente provincial ha señalado que el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó aplazar la obligación de reintegrar toda cuantía reclamada por Hacienda "hasta que no hubiese resolución judicial" a este respecto, tal y como ha recordado Baltar, quien ha proclamado su "respeto absoluto a los pronunciamientos judiciales sean o no favorables" en el estado de derecho, que "tiene sus pasos y sus procedimientos".
Así, preguntado por la investigación de las asistencias técnicas ha dicho que es "una cuestión personal" de un funcionario y que la Diputación seguirá "defendiendo los intereses de la provincia".
El llamado "caso depuradoras" se abrió a raíz de tres denuncias relacionadas con supuestas irregularidades en el procedimiento de pliego al entender que se correspondían con los requisitos técnicos de la empresa SMA, con lo que el proceso "estaría viciado".
La primera de ellas fue archivada y se presentaron dos nuevas denuncias a instancias de BNG y PSOE.
En el escrito, el juez esgrime que algunas de estas irregularidades "no tienen encaje en vía penal". En la investigación, el perito afirmó que las características técnicas exigidas "eran las de mercado y no se apreciaron elementos predeterminados en favor de una de las empresas".
El magistrado, en su resolución, pone de manifiesto su discrepancia con la OLAF al no apreciar características "que hagan presumir una predeterminación" hacia una empresa determinada.
"La valoración que la Olaf realiza acerca de la certificación sobre generación neta de lodo no presenta relevancia penal" ni tampoco "las conclusiones acerca del previo conocimiento que tenía la empresa SMA.
Por otra parte, en cuanto a las asistencias técnicas el instructor considera que este "es un aspecto que aún no está suficientemente aclarado" por lo que "cree necesaria la averiguación y en su caso la toma de declaración de quienes prestaban trabajos para Netglobal".
El juez ve difícil de explicar la redacción de 27 fichas en el escaso periodo de tiempo que media entre la propuesta de la mesa de contratación y la facturación de las mismas.
"Este aspecto es el menos desarrollado en las investigaciones ante la imposibilidad de localizar al que era gerente de Netglobal", recoge el escrito, en el que se pide que se recabe de la Seguridad Social el listado de trabajadores afiliados a esta empresa entre 2003 y 2004 para tomarles declaración.
