La querella por supuestas injurias y calumnias interpuesta por el ex regidor de Ourense, Manuel Cabezas, contra La Región, por el balance de gestión realizado en este diario cuando abandonó la alcaldía, ha sido definitivamente archivada, en virtud de la pro videncia dictada por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense. Esta resolución se produce después de que la Audiencia decidiese el sobreseimiento libre de la causa al no ser los hechos constitutivos de ilícito penal alguno.
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense ha dado carpetazo definitivo a la querella interpuesta por el ex alcalde de Ourense, Manuel Cabezas por supuestos delitos de injurias y calumnias, contra una información publicada por La Región que analizaba la polémica gestión política realizada por el regidor en sus años de mandato, bajo el título La herencia envenenada de Cabezas.
Lo ha hecho el pasado 18 de junio atendiendo a una resolución previa de la Audiencia provincial del 12 de mayo, que estimó en su totalidad un recurso de apelación presentado por el despacho de abogados de Emilio Atrio Abad en representación de este diario, en la que se estipulaba el sobreseimiento libre de la causa al entender que los hechos denunciados por Manuel Cabezas no son constitutivos de ilícito penal alguno.
Esa resolución es, por cierto, inapelable y cierra la vía penal al ex alcalde en ese pleito contra el diario. Es, además, la segunda resolución firme que pierde Manuel Cabezas en su pulso judicial con La Región. La primera fue adoptada por el Juzgado número 1 de Carballiño, que desestimó sendos recursos del Ministerio Fiscal y de Ada Arroyo (esposa de Cabezas) a propósito de una denuncia de esta última por supuestas coacciones, a raíz del reportaje fotográfico realizado desde un helicóptero sobre la mansión de Cabezas Enríquez en el pueblo de Vilariño (Piñor de Cea).
La sentencia firme de la Audiencia, que ahora se completa con el archivo de las actuaciones seguidas en su momento por el Juzgado número 1, rechazó todos los argumentos del ex alcalde porque, a su entender, no acreditó que las informaciones publicadas -el reportaje y un editorial- no respondieran a la realidad ni se ha constatado que los artículos incurran en expresiones con notorio poder ofensivo. Por el contrario, señaló entonces la Audiencia, sólo ha habido intencionalidad de crítica y censura a la actividad pública, y de formación de una opinión pública libre.
Cabe destacar que Cabezas reclamaba una indemnización de 200.000 euros, que debían ser 12.000 para el Ministerio Fiscal. Sus pretensiones han sido completa y claramente rechazadas por el tribunal.
El informe periodístico daba cuenta de los perjuicios que causó la gestión del ex alcalde
La información publicada en este diario el 1 de febrero de 2007, que los magistrados de la Audiencia Fernando Alañón (presidente), Ana María del Carmen Blanco Arce y Manuel Cid Manzano consideran en su resolución como un claro ánimo de crítica que su receptor debe soportar en su condición de servidor público, sin que suponga un ataque a su honor, y que dio lugar a la querella que finalmente ha perdido Manuel Cabezas, repasaba los años de mandato de un ex regidor que dejó una herencia que se calificaba de envenenada por las conflictivas y polémicas decisiones que adoptó, especialmente en el ámbito urbanístico.
La información fue publicada cuando decidió abandonar la alcaldía, sólo tres meses antes de las elecciones municipales de 2007, cuando su partido, el PP, le había pedido que lo hiciera el otoño anterior para facilitar la permanencia de su sucesor y entonces amigo Enrique Nóvoa como regidor de la ciudad. Para entonces, Manuel Cabezas ya había perdonado durante años a los promotores el 10% de aprovechamientos urbanísticos, por lo que la ciudad perdió millones de euros imprescindibles para potenciar sus servicios públicos; y había suscrito un ventajosísimo convenio a favor de una empresa sin experiencia termal, Xardín das Burgas, a la que permitió derri bar la antigua Casa de Baños, que casi secó las fuentes de As Burgas y dejó el solar convertido en una escombrera, estado en el que aún está. Pretendía, con las bendiciones de Cabezas -que le multiplicó la edificabilidad del solar sin pedir ninguna contraprestación para la ciudad- construir un inmueble de siete plantas y hasta cuatro sótanos pegado a las emblemáticas fuentes.
La recalificación de terrenos de promotores, a los que incrementó notablemente su edificabilidad, en muchos casos sin contraprestación alguna para la ciudad, se prodigó en el mandato de Cabezas, como puede demostrarse en el Plan de Urbanismo que promovió y que aprobó en 2003, planeamiento, por cierto, anulado ya en su totalidad por hasta ocho sentencias del Tribunal Superior de Xustiza. Esa anulación no se contemplaba en la información denunciada porque aún no se había producido, pero ya es, de momento, el último capítulo de la herencia de Cabezas, un palo que ha dejado el urbanismo de Ourense en el aire y que obliga a redactar un nuevo Plan con el coste económico que ello supone, al menos dos millones de euros.
Sí figuraba en la información la gestión del alcalde, el mismo Cabezas, que permitió a más de 4.000 propietarios obviar la contribución urbana durante años, excluyó de sus planes la vivienda protegida, desistió de crear suelo industrial para instalar empresas y generar empleo, pasó de largo por el obsoleto abastecimiento de la ciudad -que cada semana provoca nuevas roturas de cañerías- y abrió múltiples enfrentamientos con otras administraciones públicas que le hicieron perder importantes inversiones para la ciudad.
Ese resumen, que incluía las relaciones de Cabezas con su partido, al que ninguneó durante años pese a que lo respaldó para la alcaldía durante tres mandatos y hasta le otorgó, gracias a los favores de Manuel Fraga, escaño de senador en Madrid, se complementaba con una fotografía de su mansión, entonces en obras, en Vilariño (Piñor de Cea), un inmueble de 1.344 metros cuadrados, el equivalente a 20 pisos de 70 metros cuadrados cada uno.
Lo ha hecho el pasado 18 de junio atendiendo a una resolución previa de la Audiencia provincial del 12 de mayo, que estimó en su totalidad un recurso de apelación presentado por el despacho de abogados de Emilio Atrio Abad en representación de este diario, en la que se estipulaba el sobreseimiento libre de la causa al entender que los hechos denunciados por Manuel Cabezas no son constitutivos de ilícito penal alguno.
Esa resolución es, por cierto, inapelable y cierra la vía penal al ex alcalde en ese pleito contra el diario. Es, además, la segunda resolución firme que pierde Manuel Cabezas en su pulso judicial con La Región. La primera fue adoptada por el Juzgado número 1 de Carballiño, que desestimó sendos recursos del Ministerio Fiscal y de Ada Arroyo (esposa de Cabezas) a propósito de una denuncia de esta última por supuestas coacciones, a raíz del reportaje fotográfico realizado desde un helicóptero sobre la mansión de Cabezas Enríquez en el pueblo de Vilariño (Piñor de Cea).
La sentencia firme de la Audiencia, que ahora se completa con el archivo de las actuaciones seguidas en su momento por el Juzgado número 1, rechazó todos los argumentos del ex alcalde porque, a su entender, no acreditó que las informaciones publicadas -el reportaje y un editorial- no respondieran a la realidad ni se ha constatado que los artículos incurran en expresiones con notorio poder ofensivo. Por el contrario, señaló entonces la Audiencia, sólo ha habido intencionalidad de crítica y censura a la actividad pública, y de formación de una opinión pública libre.
Cabe destacar que Cabezas reclamaba una indemnización de 200.000 euros, que debían ser 12.000 para el Ministerio Fiscal. Sus pretensiones han sido completa y claramente rechazadas por el tribunal.
El informe periodístico daba cuenta de los perjuicios que causó la gestión del ex alcalde
La información publicada en este diario el 1 de febrero de 2007, que los magistrados de la Audiencia Fernando Alañón (presidente), Ana María del Carmen Blanco Arce y Manuel Cid Manzano consideran en su resolución como un claro ánimo de crítica que su receptor debe soportar en su condición de servidor público, sin que suponga un ataque a su honor, y que dio lugar a la querella que finalmente ha perdido Manuel Cabezas, repasaba los años de mandato de un ex regidor que dejó una herencia que se calificaba de envenenada por las conflictivas y polémicas decisiones que adoptó, especialmente en el ámbito urbanístico.
La información fue publicada cuando decidió abandonar la alcaldía, sólo tres meses antes de las elecciones municipales de 2007, cuando su partido, el PP, le había pedido que lo hiciera el otoño anterior para facilitar la permanencia de su sucesor y entonces amigo Enrique Nóvoa como regidor de la ciudad. Para entonces, Manuel Cabezas ya había perdonado durante años a los promotores el 10% de aprovechamientos urbanísticos, por lo que la ciudad perdió millones de euros imprescindibles para potenciar sus servicios públicos; y había suscrito un ventajosísimo convenio a favor de una empresa sin experiencia termal, Xardín das Burgas, a la que permitió derri bar la antigua Casa de Baños, que casi secó las fuentes de As Burgas y dejó el solar convertido en una escombrera, estado en el que aún está. Pretendía, con las bendiciones de Cabezas -que le multiplicó la edificabilidad del solar sin pedir ninguna contraprestación para la ciudad- construir un inmueble de siete plantas y hasta cuatro sótanos pegado a las emblemáticas fuentes.
La recalificación de terrenos de promotores, a los que incrementó notablemente su edificabilidad, en muchos casos sin contraprestación alguna para la ciudad, se prodigó en el mandato de Cabezas, como puede demostrarse en el Plan de Urbanismo que promovió y que aprobó en 2003, planeamiento, por cierto, anulado ya en su totalidad por hasta ocho sentencias del Tribunal Superior de Xustiza. Esa anulación no se contemplaba en la información denunciada porque aún no se había producido, pero ya es, de momento, el último capítulo de la herencia de Cabezas, un palo que ha dejado el urbanismo de Ourense en el aire y que obliga a redactar un nuevo Plan con el coste económico que ello supone, al menos dos millones de euros.
Sí figuraba en la información la gestión del alcalde, el mismo Cabezas, que permitió a más de 4.000 propietarios obviar la contribución urbana durante años, excluyó de sus planes la vivienda protegida, desistió de crear suelo industrial para instalar empresas y generar empleo, pasó de largo por el obsoleto abastecimiento de la ciudad -que cada semana provoca nuevas roturas de cañerías- y abrió múltiples enfrentamientos con otras administraciones públicas que le hicieron perder importantes inversiones para la ciudad.
Ese resumen, que incluía las relaciones de Cabezas con su partido, al que ninguneó durante años pese a que lo respaldó para la alcaldía durante tres mandatos y hasta le otorgó, gracias a los favores de Manuel Fraga, escaño de senador en Madrid, se complementaba con una fotografía de su mansión, entonces en obras, en Vilariño (Piñor de Cea), un inmueble de 1.344 metros cuadrados, el equivalente a 20 pisos de 70 metros cuadrados cada uno.
