Quita credibilidad a la carta de un empresario que se ofrecía para una mediación política y judicial

La Audiencia niega tratos de favor con la finca de Hipercor

La finca en la que se pretendía instalar el Corte Inglés. (Foto: JOSÉ PAZ )
La pieza separada del caso Pokemon contra la corrupción política que ha llegado a los juzgados de Ourense y que alude a dos aforados por presuntas irregularidades urbanísticas apunta a un corto recorrido judicial. Así lo aseguran fuentes cercanas a la instrucción y a los aludidos en el documento incautado en la casa familiar del exalcalde socialista Francisco Rodríguez y que la jueza que investiga la llamada operación Pokemon, Pilar de Lara, remitió a Ourense para abrir una nueva línea de investigación.
El papel, una misiva localizada en casa del exmandatario local, que no aparece rubricado con nombre y apellidos, se le atribuye a un empresario de la ciudad cuya identidad no pudo ser confirmada, pero que tendría alguna relación de servicios con el Concello. En esa anotación, se hace referencia a una supuesta petición al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para que mediase ante el presidente de la Audiencia, Fernando Alañón, para desbloquear el proyecto de El Corte Inglés en la finca Santa Mariña. El empresario se arroga el poder de interceder para que el mandatario de la Xunta hable con Alañón y así acelerar el pleito que pendía sobre la finca en la que se iba a instalar la superficie comercial -Hipercor- y salvar las anotaciones preventivas de los reversionistas -cargas- que pesaban sobre la parcela.

En ese momento, sobre una parte de la finca había una anotación preventiva en el Registro de la Propiedad ante la demanda planteada por los reversionistas mostrando su disconformidad con la venta de las parcelas en poder de Flager al Corte Inglés si no eran indemnizados. El Concello de Ourense veía con buenos ojos facilitar en buena medida una operación inmobiliaria que beneficiaba a la ciudad, sin embargo, la sección Civil de la Audiencia, que preside Alañón, falló en contra de los intereses de Flager y mantuvo la anotación preventiva (en el pleito no tomó cartas el ente local porque era un litigio que afectada a Flager y a los reversionistas).

El presidente de la Audiencia, Fernando Alañón, mostró ayer su indignación con algo 'que desconozco por completo'. Remarcó que nunca habló con el presidente de la Xunta del tema de Hipercor. 'Alguien ha querido vender al alcalde un favor y puso mi nombre como pudo haber puesto otro', añade. Según remarca, 'siempre he cumplido con mis obligaciones profesionales de forma estricta y escrupulosamente.

La máxima autoridad judicial de la provincia también se mostró disgustado con la forma de proceder de la jueza de Lara en este asunto porque, según dijo, 'no se le pueden dar consecuencias a cualquier cosa'. A su juicio, se trata de un papel sin trascendencia penal alguna que lo único que consigue es enturbiar la imagen de la justicia.

Por su parte, el instructor de la causa, el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Ourense, Antonio Piña, se ampara en el secreto de sumario que él mismo decretó, según confirmó ayer, para no desvelar datos. Ahora bien, fuentes judiciales consultadas por este diario pusieron en duda la repercusión penal del documento más allá del envío efectuado por la magistrada lucense. 'Ese documento no da por cerrada ninguna mediación y no existe constancia de su envío o recepción, tan siquiera de la autoría', afirmaron.

El instructor hará una indagación preeliminar llamando a declarar al exalcalde Francisco Rodríguez. Este último, según aseguraba a este diario el pasado viernes, no tiene constancia alguna del documento incautado ni su contenido.

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