El alcalde ya revocó todas las responsabilidades otorgadas a su concejala, que seguirá de edil "rasa" hasta el 6 de febrero
"Soy culpable, y tengo que serlo, pero de impedir a mucha gente en esta ciudad seguir haciendo lo que venían haciendo. ¿O no es cierto que se venían llevando el 10% (del aprovechamiento urbanístico) municipal?". Por ello, Aurea Soto, ya exconcejala de Urbanismo e Infraestructuras, se siente "tremendamente orgullosa de ser culpable de evitar todo esto" aunque lamenta que, de haber algún tipo de cuestionamiento de su gestión, ésta se haya llevado por la vía penal y no contencioso-administrativa. La edil se explicaba así en la comparecencia pública que ofreció en el salón de plenos del Concello, junto al alcalde, Agustín Fernández, para manifestar que renuncia, como había avanzado el PSdeG el sábado, a su acta de concejal, un trámite éste del que el regidor dará cuenta en el próximo pleno ordinario, el 6 de febrero; mientras, Soto se mantendrá como edil "rasa", porque ayer mismo el alcalde firmó el decreto por el que le revoca todas las responsabilidades que le había otorgado. La junta municipal de gobierno del jueves ratificará estas medidas. Mientras, el regidor asumirá todas las competencias de la edil, unos días, dice, mientras planifica cómo redistribuir las responsabilidades de gobierno.
Aurea Soto compareció con Fernández pasadas las 12,30 horas de ayer, frente a numerosos medios de comunicación y con sus compañeros más afines en la tribuna del público -los concejales Vázquez Barquero, Ana Garrido y Marga Martín, así como Carmen Dacosta, directora de Personal y secretaria local del PSdeG, no estaba ninguno de los concejales críticos-. También acudieron el exparlamentario Pablo López Vidal y dos nacionalistas que comparieron con ella responsabilidades de gobierno, Ana Garza y Xosé Carballido.
Soto confirmó su marcha y cargó contra Democracia Orensana, partido autor de la denuncia judicial sobre la legalización del uso privativo en el subsuelo de la Praza de San Antonio, y contra el promotor Bautista Rodríguez y su hija, Cristina Rodríguez, que inmediatamente se personaron en el proceso; es este el asunto que la sentará en el banquillo, encausada por un delito continuado de prevaricación.
La todavía concejala, hasta el 6 de febrero, reprochó a los jueces y al fiscal que no se hubiesen "inmutado" cuando durante años los promotores se quedaron con el 10% de los aprovechamientos, ni cuando se cayó el Plan xeral de 2003 por el cambio de planimetría, ni tampoco cuando fue recalificado el solar de Xardín das Burgas. "La hiperactividad devino -dijo- cuando esta concejala cortó e impidió a un promotor (de nuevo se refería a Bautista Rodrígguez) llevarse otra vez el 10% y fue hasta el TSXG a impedírselo".
Reiteró su inocencia -que se demuestra, dice, en una resolución favorable de tres jueces del Tribunal Superior- y demandó que el juicio sea inmediato, sin dilaciones, antes de los comicios de mayo, para lo que ya no recurrió en octubre y no lo hará tampoco ahora contra el último auto judicial. Porque, si bien se cumplió, asegura, la primera parte de un "trabajo sucio", al "sacar a la persona que les molestaba", no debe producirse la segunda, dilatar la vista oral, "que sería lo más oportuno para los intereses de este promotor".
El portavoz del promotor es su abogado, Antonio Feijóo Miranda, que ayer discrepó de los argumentos de Soto, al no explicar "qué defensa del interés público puede ser regalar subsuelo municipal". Entiende el letrado que nada le impedía legalizar las viviendas de la urbanización, pero tendría, dice, que haber sacado a concurso público el subsuelo de la plaza: "Como ha dicho el juez, podía legalizar las viviendas sin demoler ni una sola, y abrir un proceso de concesión administrativa para la gestión del parking", porque para entonces, dice, ya era ilegal la autorización de uso privativo bajo el dominio público en superficie.
También cuestionó el pago a la vecina que abrió el pleito judicial por la urbanización de la plaza durante el gobierno del PP y al que Soto mandó pagar más de 354.000 euros para que cesase en su litigio. "Ese es el verdadero chantaje", dice, no el de su defendido.
