Era la comparecencia esperada. José Luis Baltar, expresidente durante más de dos décadas de la Diputación de Ourense, entró en el Pazo de Xustiza para declarar por presunta prevaricación administrativa en la contratación de personal.
Lo hizo entre el apoyo de alcaldes populares y las protestas de afectados por un asunto que no es de su competencia: el de las preferentes. Ya en sede judicial, y después de deshacerse de una maraña de admiradores y de detractores, el veterano político popular tuvo que responder ante el juez Leonardo Álvarez por la contratación de 104 trabajadores por parte de la Diputación provincial en los meses previos al último congreso provincial del partido.
José Luis Baltar, que no respondió a las preguntas de las acusaciones populares, representada por el PSdeG y Manos Limpias, en tanto que no reconoce su legitimación en este caso, se limitó a decir a los periodistas que 'o que tiña que dicir xa o dixen'. Sí atendió a los requerimientos de su abogado, del juez y del fiscal jefe de la Audiencia, durante hora y media. Así, defendió su potestad para la contratación por el trámite de urgencia en la Diputación, pero descargó en los técnicos la tramitación de los expedientes administrativos.
El expresidente de la Diputación también confirmó que conocía a algunas personas cuyos contratos están en cuestión porque ya habían trabajado antes en el ente provincial, pero añadió que el vínculo de estos trabajadores con el PP es 'casual'.
Según Baltar Bumar, los servicios administrativos de la Diputación nunca le advirtieron de las irregularidades en las contrataciones (la falta de publicidad), que varios jefes de servicio respaldaron como 'urgentes'.
LA JUSTIFICACIÓN
Entre sus respuestas, ratificó que no vio nunca un expediente de contratación y nunca fue advertido de que éstos podían ser irregulares cuando firmó los decretos de la presidencia para formalizarlos.
Sobre la misma idea básica de la querella, por los 104 contratos referidos, Baltar afirmó desconocer si fue publicada la convocatoria en el tablón o en el Boletín Oficial de la Provincia y agregó que, en relación a la selección de candidatos, él elegía entre dos currículos por cada puesto de trabajo, pero el resto de la tramitación correspondía a los jefes de servicio, secretario e interventor de la institución. Además, incidió en que esta potestad nunca fue recurrida ni por el PSOE ni por el BNG, y sólo fue revocada cuando se produjo el relevo en la Diputación por el nuevo presidente, al cambiarse la ordenanza reguladora de los procedimientos de contratación temporal.
La mayor parte de los 104 contratos denunciados se formalizaron por decreto de José Luis Baltar días antes del congreso provincial que a finales de enero de 2010 dio la presidencia del PP de Ourense a su hijo, Manuel Baltar. Sin embargo, el ahora líder del PP ourensano y también presidente de la Diputación, Manuel Baltar, negó de forma reiterada cualquier tipo de incidencia de esas contrataciones en el resultado de un cónclave que le hizo con las riendas del partido.
José Luis Baltar, que no respondió a las preguntas de las acusaciones populares, representada por el PSdeG y Manos Limpias, en tanto que no reconoce su legitimación en este caso, se limitó a decir a los periodistas que 'o que tiña que dicir xa o dixen'. Sí atendió a los requerimientos de su abogado, del juez y del fiscal jefe de la Audiencia, durante hora y media. Así, defendió su potestad para la contratación por el trámite de urgencia en la Diputación, pero descargó en los técnicos la tramitación de los expedientes administrativos.
El expresidente de la Diputación también confirmó que conocía a algunas personas cuyos contratos están en cuestión porque ya habían trabajado antes en el ente provincial, pero añadió que el vínculo de estos trabajadores con el PP es 'casual'.
Según Baltar Bumar, los servicios administrativos de la Diputación nunca le advirtieron de las irregularidades en las contrataciones (la falta de publicidad), que varios jefes de servicio respaldaron como 'urgentes'.
LA JUSTIFICACIÓN
Entre sus respuestas, ratificó que no vio nunca un expediente de contratación y nunca fue advertido de que éstos podían ser irregulares cuando firmó los decretos de la presidencia para formalizarlos.
Sobre la misma idea básica de la querella, por los 104 contratos referidos, Baltar afirmó desconocer si fue publicada la convocatoria en el tablón o en el Boletín Oficial de la Provincia y agregó que, en relación a la selección de candidatos, él elegía entre dos currículos por cada puesto de trabajo, pero el resto de la tramitación correspondía a los jefes de servicio, secretario e interventor de la institución. Además, incidió en que esta potestad nunca fue recurrida ni por el PSOE ni por el BNG, y sólo fue revocada cuando se produjo el relevo en la Diputación por el nuevo presidente, al cambiarse la ordenanza reguladora de los procedimientos de contratación temporal.
La mayor parte de los 104 contratos denunciados se formalizaron por decreto de José Luis Baltar días antes del congreso provincial que a finales de enero de 2010 dio la presidencia del PP de Ourense a su hijo, Manuel Baltar. Sin embargo, el ahora líder del PP ourensano y también presidente de la Diputación, Manuel Baltar, negó de forma reiterada cualquier tipo de incidencia de esas contrataciones en el resultado de un cónclave que le hizo con las riendas del partido.
