Las discrepancias en materia de Personal entre USO y CSIF y el Concello han dado el salto al debate político después de que estos sindicatos solicitasen la mediación del BNG para lograr un acercamiento con el PSOE, un guante que Sánchez Vidal aceptó porque, además, tiene problemas de contratación pendientes de resolver. El alcalde, Francisco Rodríguez, recibirá hoy a los representantes de los trabajadores; todo ello mientras se mantiene en suspenso el futuro del director general de Personal, Miguel Diéguez.
El conflicto abierto en el Concello por la situación del área de Personal (que aglutina a un millar de trabajadores) se ha prolongado hacia el plano político, toda vez que los sindicatos USO y CSIF, líderes de la protesta actual, solicitaron ayer al BNG que ejerciese de mediador.
Fue en una reunión de algo menos de una hora en la que los nacionalistas Andrés García Mata y David Cortón acompañaron al teniente de alcalde, Alexandre Sánchez Vidal, para escuchar las reivindicaciones planteadas por los responsables de ambas centrales sindicales en el Concello. Tras el encuentro, los políticos del BNG expresaron su preocupación por el conflicto, postulándose como mediadores para conseguir su resolución. De hecho, advierten los nacionalistas que el área de Personal precisa de una planificación eficiente que permita la profesionalización de las concejalías. Temen que la falta de claridad en la política de Personal impida la contratación de trabajadores cualificados, cuya disponibilidad habrían consensuado ya con el director general de Personal, Miguel Diéguez, para reforzar sus áreas de gobierno, especialmente Vivenda y Termalismo.
En la reunión fue también tema de conversación la ausencia, por baja laboral primero y ahora maternal, del propio director general, designado en noviembre por el PSOE, previo acuerdo con el BNG, que mantiene con él una excelente relación. Mientras los sindicatos manifiestan que su marcha del departamento es un hecho, debido a las diferencias de criterio con el concejal delegado, Antonio Penín, el PSOE no confirma este supuesto, y dice esperar su pronta recuperación para contar con él cuanto antes.
En medio de tal incertidumbre, el Concello anunciaba ayer mismo que había convocado a los sindicatos USO y CSIF a mantener una entrevista con el alcalmismo, alegando la imposibilidad de hacerlo antes porque la solicitud fue cursada formalmente el lunes. Fuentes municipales socialistas aseguran, para tranquilizar los ánimos, que en ningún momento estos colectivos fueron ninguneados y precisan que los sindicatos estuvieron presentes en las reuniones encaminadas a alcanzar un nuevo acuerdo regulador, señalando que el actual no tiene rango legal al no haber si publicado en un boletín oficial. Este hecho lo niegan tajantemente desde los sindicatos aludidos, al entender que fue fruto de un acuerdo plenario, por lo que está recogido en el acta de un pleno de 2000.
En realidad, las críticas de los dos sindicatos se centran en el rechazo del concejal de Personal, Antonio Rodríguez Penín, a aplicar el citado Acuerdo Regulador del Personal Funcionario, vigente desde el año 2000, así como a diferentes aspectos relacionados con partidas destinadas a la retribución de los trabajadores, como es el temor a la eliminación de las referentes a ayudas sociales.
No en vano, amenazaron incluso con judicializar su lucha sindical y advirtieron de que si no hay diálogo, presentarán denuncias ante los tribunales.
LAS DEMANDAS
Piden la dimisión del concejal Las centrales sindicales CSIF y USO llevan varias semanas criticando la actitud de los máximos responsables de Personal, el concejal delegado, Antonio Rodríguez Penín, y el jefe de servicio, Javier García Gago.
Consideran que se están produciendo hechos como cambios en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) sin previa negociación, al igual que en listas de contratación, donde los sindicatos critican que no se les conceda representación. Asimismo, también criticaron el estado de los locales y del material informático para llevar a cabo su labor sindical. También consideran inaceptable el rechazo del edil y del jefe de Personal al Acuerdo Regulador del Personal Funcionario, vigente desde el año 2000, alegando vicios que desde ambas centrales sindicales no comparten, por entender que es legal y de obligado cumplimiento. De hecho, ambos colectivos presentarán 14 recursos contencioso-administrativos contra estas medidas e incluso anuncian una denuncia por presunta prevaricación.
En este punto, el sindicato CIG publicó ayer en el tablón de anuncios del Concello un alegato a favor de un nuevo acuerdo regulador, unha garantía legal para acadar melloras laborais, entendiendo que la postura de CSIF y USO é para non perder o dereito a estar presentes nos tribunais de contratación.
Fue en una reunión de algo menos de una hora en la que los nacionalistas Andrés García Mata y David Cortón acompañaron al teniente de alcalde, Alexandre Sánchez Vidal, para escuchar las reivindicaciones planteadas por los responsables de ambas centrales sindicales en el Concello. Tras el encuentro, los políticos del BNG expresaron su preocupación por el conflicto, postulándose como mediadores para conseguir su resolución. De hecho, advierten los nacionalistas que el área de Personal precisa de una planificación eficiente que permita la profesionalización de las concejalías. Temen que la falta de claridad en la política de Personal impida la contratación de trabajadores cualificados, cuya disponibilidad habrían consensuado ya con el director general de Personal, Miguel Diéguez, para reforzar sus áreas de gobierno, especialmente Vivenda y Termalismo.
En la reunión fue también tema de conversación la ausencia, por baja laboral primero y ahora maternal, del propio director general, designado en noviembre por el PSOE, previo acuerdo con el BNG, que mantiene con él una excelente relación. Mientras los sindicatos manifiestan que su marcha del departamento es un hecho, debido a las diferencias de criterio con el concejal delegado, Antonio Penín, el PSOE no confirma este supuesto, y dice esperar su pronta recuperación para contar con él cuanto antes.
En medio de tal incertidumbre, el Concello anunciaba ayer mismo que había convocado a los sindicatos USO y CSIF a mantener una entrevista con el alcalmismo, alegando la imposibilidad de hacerlo antes porque la solicitud fue cursada formalmente el lunes. Fuentes municipales socialistas aseguran, para tranquilizar los ánimos, que en ningún momento estos colectivos fueron ninguneados y precisan que los sindicatos estuvieron presentes en las reuniones encaminadas a alcanzar un nuevo acuerdo regulador, señalando que el actual no tiene rango legal al no haber si publicado en un boletín oficial. Este hecho lo niegan tajantemente desde los sindicatos aludidos, al entender que fue fruto de un acuerdo plenario, por lo que está recogido en el acta de un pleno de 2000.
En realidad, las críticas de los dos sindicatos se centran en el rechazo del concejal de Personal, Antonio Rodríguez Penín, a aplicar el citado Acuerdo Regulador del Personal Funcionario, vigente desde el año 2000, así como a diferentes aspectos relacionados con partidas destinadas a la retribución de los trabajadores, como es el temor a la eliminación de las referentes a ayudas sociales.
No en vano, amenazaron incluso con judicializar su lucha sindical y advirtieron de que si no hay diálogo, presentarán denuncias ante los tribunales.
LAS DEMANDAS
Piden la dimisión del concejal Las centrales sindicales CSIF y USO llevan varias semanas criticando la actitud de los máximos responsables de Personal, el concejal delegado, Antonio Rodríguez Penín, y el jefe de servicio, Javier García Gago.
Consideran que se están produciendo hechos como cambios en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) sin previa negociación, al igual que en listas de contratación, donde los sindicatos critican que no se les conceda representación. Asimismo, también criticaron el estado de los locales y del material informático para llevar a cabo su labor sindical. También consideran inaceptable el rechazo del edil y del jefe de Personal al Acuerdo Regulador del Personal Funcionario, vigente desde el año 2000, alegando vicios que desde ambas centrales sindicales no comparten, por entender que es legal y de obligado cumplimiento. De hecho, ambos colectivos presentarán 14 recursos contencioso-administrativos contra estas medidas e incluso anuncian una denuncia por presunta prevaricación.
En este punto, el sindicato CIG publicó ayer en el tablón de anuncios del Concello un alegato a favor de un nuevo acuerdo regulador, unha garantía legal para acadar melloras laborais, entendiendo que la postura de CSIF y USO é para non perder o dereito a estar presentes nos tribunais de contratación.
