Los cinco detenidos en el marco de la operación dirigida por la Brigada de Extranjería quedaron en libertad. La trama que supuestamente estafó a la Seguridad Social operaba con más de 10 mercantiles
El titular del Juzgado de Instrucción 2, Luis Doval, decretó libertad provisional para los cinco detenidos en el marco de una operación dirigida por la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional. Lo hizo ayer, después de pasar a disposición judicial los encausados. Los dos extranjeros están imputados por un delito de falsedad documental por querer regularizar su situación en el país, y el resto, por fraude a la Seguridad Social. Las diligencias parten de que la banda criminal creaba empresas ficticias -más de 10- con la estafa como objetivo. Pero explicaron fuentes cercanas a la investigación que en las diligencias previas figura un primer atestado que apuntaba a que los implicados falseaban documentos para legalizar a inmigrantes, a finales de diciembre del año pasado.
El operativo continúa abierto, ya que la Policía tiene pendiente la detención de al menos una sexta persona, Fernando Covelo, que sería uno de los dos cabecillas de la trama. El otro dirigente, Eusebio Novas, declaró ayer ante el juez. Ambos son empresarios que creaban sociedades limitadas fantasma. En el marco de la operación, informaron fuentes de la investigación, hay más de una decena de empresas, todas ellas sin actividad más allá de las facturas que se hacían entre sí. En el ejercicio llegaban a situaciones de deuda con la Seguridad Social, las daban de baja y creaban otras nuevas.
Los dos empresarios actuaban supuestamente como administradores de los negocios, de diferente naturaleza. En otros casos, respondían a la figura de apoderados, poniendo a terceras personas (normalmente portugueses) como responsables de las empresas. Apuntaron las mismas fuentes que también llegaron a comprar alguna mercantil y no pagaron el precio de sus participaciones.
La libertad provisional fue también decretada para Antonio Domínguez, abogado de profesión y ex edil de Obras en Ribadavia. Según las fuentes, la participación del letrado en la trama es menor, puesto que no figura como responsable de ninguna de las empresas, sino que actuaba como intermediario prestando servicio de asesoramiento.
Así las cosas, las diligencias se centran en el supuesto delito de fraude a la Administración pública y, en un segundo plano, contra los derechos de los trabajadores, por lo que se había desatado la operación. "Para la regularización de extranjeros no es necesaria la creación de empresas pantalla, aunque sí sirviese en algún caso para ese fin", dijeron las fuentes.
A espera del señalamiento del juicio, tendrán que comparecer una vez al mes ante el juez el supuesto cabecilla y otro de los implicados, del que solo ha trascendido su nombre, Juan.
