La intención del Centro Comercial Aberto de instalar cámaras para velar por la seguridad de los escaparates de sus locales ha despertado ciertos recelos en la asociación de vecinos del centro al entender, dice la presidenta, Mercedes Rodríguez Alcalá, que podrían vulnerar su derecho a la intimidad. No obstante, desde la Subdelegación del Gobierno recalcan que las cámaras sólo podrán tomar imágenes del exterior de los escaparates, algo que también ratifican los comerciantes, que presentarán oficialmente en breve.
El uso de cámaras de vigilancia que quiere aplicar el Centro Comercial Aberto en algunas calles de la ciudad (aquellas que sufren mayores daños por vandalismo) debe responder a una serie de cuestiones importantes, tal y como recalcan fuentes de la Subdelegación del Gobierno. Una de ellas es el respeto a los derechos de intimidad e imagen de los ciudadanos, por lo que las que se ubiquen en los establecimientos deben grabar imágenes del escaparate pero no de la vía pública.
Asimismo, las instalaciones fijas de videovigilancia deben estar señalizadas, instaladas y controladas por empresas registradas en el Ministerio de Interior. Como norma general, no deben afectar a la vía pública, pues su seguridad queda fuera del ámbito de la seguridad privada, salvo casos excepcionales. Y su finalidad se ciñe en exclusiva al incremento o mejora de la seguridad de personas, bienes y servicios.
Todos estos dictámenes legales, aportados por la Subdelegación del Gobierno, están recogidos en el proyecto que plantea el Centro Comercial Aberto. Su presidente, Emilio González, recalca que su intención es evitar cualquier tipo de polémica ciudadana, ya que las imágenes tomadas por las cámaras que plantean instalar en ningún caso serán tuteladas por nosotros, sino por las fuerzas de seguridad en caso de que un juez así lo requiera, es decir, que serían utilizadas previa denuncia por vandalismo o robo.
Asimismo, Emilio González reitera que la iniciativa de los comerciantes del centro es por ahora un mero proyecto que ha sido comunicado de forma informal a la Subdelegación del Gobierno. No obstante, afirma que cuando se concrete el número definitivo de participantes, presentarán el proyecto de forma definitiva a las autoridades policiales competentes para conseguir su visto bueno.
Los vecinos del centro han mostrado ya sus recelos al respecto. La presidenta de la Asociación de Vecinos del Centro, Mercedes Rodríguez Alcalá, sostiene que un buen número de asociados de esta zona han expresado su desacuerdo con el hecho de pudieran ser grabados sin su consentimiento y recuerda que la petición histórica de los vecinos es que se incremente la vigilancia policial, aunque también reconoce que últimamente sí se nota que hay más agentes.
EL CONCELLO
La edil de Comercio apoya la vigilancia
La concejala de Comercio, la nacionalista Ana Garza, conoce la propuesta formulada por el Centro Comercial Aberto. Recuerda que el permiso definitivo debe ser concedido por la Subdelegación del Gobierno y que en ningún caso se podrá grabar la vía pública, tan sólo el exterior de los escaparates, tal y como efectivamente contempla el proyecto.
Ana Garza reconoce que la vigilancia es necesaria, dada la grave problemática que sufre el sector a causa del vandalismo. Hai moitos locais en rúas como Santo Domingo ou algunhas do casco histórico onde cada fin de semana sufren desperfectos nos escaparates que chegan aos 3.000 euros e non llos cubre o seguro, afirma la edil.
LA LEGISLACIÓN
Dos leyes regulan las imágenes tomadas
La Subdelegación del Gobierno entiende que el uso de cámaras de videovigilancia puede ser un instrumento útil para prevenir, investigar y esclarecer delitos relacionados con actos vandálicos en escaparates y edificios, pero recuerda que su uso está regulado por la legislación. La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estipula que los tratamientos de imágenes deben ser con fines de vigilancia, así como para garantizar los derechos de las personas cuyas imágenes sean recogidas. En cuanto a la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, regula las medidas de seguridad obligatorias en establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios, para prevenir hechos delictivos.
Asimismo, las instalaciones fijas de videovigilancia deben estar señalizadas, instaladas y controladas por empresas registradas en el Ministerio de Interior. Como norma general, no deben afectar a la vía pública, pues su seguridad queda fuera del ámbito de la seguridad privada, salvo casos excepcionales. Y su finalidad se ciñe en exclusiva al incremento o mejora de la seguridad de personas, bienes y servicios.
Todos estos dictámenes legales, aportados por la Subdelegación del Gobierno, están recogidos en el proyecto que plantea el Centro Comercial Aberto. Su presidente, Emilio González, recalca que su intención es evitar cualquier tipo de polémica ciudadana, ya que las imágenes tomadas por las cámaras que plantean instalar en ningún caso serán tuteladas por nosotros, sino por las fuerzas de seguridad en caso de que un juez así lo requiera, es decir, que serían utilizadas previa denuncia por vandalismo o robo.
Asimismo, Emilio González reitera que la iniciativa de los comerciantes del centro es por ahora un mero proyecto que ha sido comunicado de forma informal a la Subdelegación del Gobierno. No obstante, afirma que cuando se concrete el número definitivo de participantes, presentarán el proyecto de forma definitiva a las autoridades policiales competentes para conseguir su visto bueno.
Los vecinos del centro han mostrado ya sus recelos al respecto. La presidenta de la Asociación de Vecinos del Centro, Mercedes Rodríguez Alcalá, sostiene que un buen número de asociados de esta zona han expresado su desacuerdo con el hecho de pudieran ser grabados sin su consentimiento y recuerda que la petición histórica de los vecinos es que se incremente la vigilancia policial, aunque también reconoce que últimamente sí se nota que hay más agentes.
EL CONCELLO
La edil de Comercio apoya la vigilancia
La concejala de Comercio, la nacionalista Ana Garza, conoce la propuesta formulada por el Centro Comercial Aberto. Recuerda que el permiso definitivo debe ser concedido por la Subdelegación del Gobierno y que en ningún caso se podrá grabar la vía pública, tan sólo el exterior de los escaparates, tal y como efectivamente contempla el proyecto.
Ana Garza reconoce que la vigilancia es necesaria, dada la grave problemática que sufre el sector a causa del vandalismo. Hai moitos locais en rúas como Santo Domingo ou algunhas do casco histórico onde cada fin de semana sufren desperfectos nos escaparates que chegan aos 3.000 euros e non llos cubre o seguro, afirma la edil.
LA LEGISLACIÓN
Dos leyes regulan las imágenes tomadas
La Subdelegación del Gobierno entiende que el uso de cámaras de videovigilancia puede ser un instrumento útil para prevenir, investigar y esclarecer delitos relacionados con actos vandálicos en escaparates y edificios, pero recuerda que su uso está regulado por la legislación. La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estipula que los tratamientos de imágenes deben ser con fines de vigilancia, así como para garantizar los derechos de las personas cuyas imágenes sean recogidas. En cuanto a la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, regula las medidas de seguridad obligatorias en establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios, para prevenir hechos delictivos.
