La adjudicación de las 104 depuradoras por parte de la Diputación ya fue investigada en 2008 por la Fiscalía y archivada un año después. Por ello, los técnicos de la Diputación defienden que el expediente de reintegro iniciado por el Ministerio de Hacienda debe ser también archivado, ya que la acción, además de ser improcedente, ya ha prescrito. Sin embargo, hay otra causa abierta, que investiga el Juzgado de Instrucción dos y en la que hay, de momento, un único imputado, el jefe de Medio Ambiente, Javier Bobe.
Frente a la Olaf, que inició la investigación de la gestión de los fondos Feder por parte de la Diputación en octubre de 2011 y emitió su informe final el 8 de agosto del pasado año, el ente provincial remitió un escrito de alegaciones -divido en dos partes, una del 9 de octubre de 2013 y otra el pasado 27 de febrero, y ayer rechazado por Hacienda- en el que negaba la existencia de las supuestas irregularidades, tanto en lo concerniente a la contratación de los suministros como a las asistencias técnicas. Además, la Diputación solicitaba la suspensión del procedimiento administrativo debido al archivo del caso antes mencionado. Estos argumentos estaban sustentados en que las prescripciones técnicas del pliego respetaban escrupulosamente la ley y que la Olaf no citaba ninguna normativa supuestamente vulnerada. La Diputación también incluyó dentro de sus alegaciones su derecho, como administración pública, a establecer las prescripciones técnicas que considere más convenientes para garantizar la máxima calidad de los suministros adquiridos.
