El gobierno local pretende revisar de oficio el expediente para retirársela
El gobierno municipal de Ourense pretende revisar de oficio la compatibilidad obtenida, mediante silencio administrativo, por el asesor jurídico adjunto del Concello, el también sindicalista Javier García Gago, para dar clases en la Universidad de Vigo al tiempo que desarrolla su trabajo en el Consistorio. La medida, que pretende poner en marcha con apoyo de la oposición(fundamentalmente el PP) pues el grupo de gobierno no tiene mayoría, ni siquiera el apoyo de todos sus concejales, irá a la comisión de pleno del próximo viernes, junto a otro asunto relacionado con este caso, la ratificación de un decreto de la alcaldía que acuerda interponer todo tipo de recursos contra la sentencia que permitió la compatibilidad.
El grupo socialista, por lo menos el más afín al alcalde, Agustín Fernández, aspira con este acuerdo a retirar a Gago la compatibilidad que el técnico obtuvo recientemente con el aval de una sentencia judicial, que consideró válida su demanda por silencio administrativo, responsabilizando al Concello de no haberle notificado la negativa a su pretensión en tiempo y forma.
Precisamente por ello, la Jefatura del servicio de Personal emitió un informe avalando la revisión de oficio de esa autorización de compatibilidad, al considerar que el Concello no actuó correctamente, de ahí que éste inicie de nuevo la tramitación, ahora orientados a rechazar la compatibilidad.
Pero esta medida puede abrir de nuevo la brecha dentro del propio grupo socialista, teniendo en cuenta que hay cinco concejales díscolos, de los 11 con que cuenta el grupo, que ya en diciembre pasado plantearon el pleno municipal para evitar votar contra la denegación de la compatibilidad, lo que provocó una crisis que aún colea.
De momento, el portavoz de los críticos, Rodríguez Penín, ha emplazado el posible acuerdo a adoptar a una reunión para establecer el criterio a seguir; pero asegura que la sentencia judicial es firme, habría que declarar la lesividad de intereses para el Concello primero, para luego adoptar este otro acuerdo. De otro modo, el funcionario podría recusar a todo el gobierno local, que tendría que ausentarse de la sesión plenaria en la que se sometería el acuerdo a aprobación.
El mismo orden del día pretende sacar adelante la modificación de la línea límite entre los términos municipales de Ourense y Barbadás, aunque este concello tendrá que pagarle una indemnización a la ciudad de algo más de 114.000 euros por lo que dejará de percibir en impuesto de bienes inmuebles y otras tasas. Ourense se hace con un terreno y Barbadás con otro, pero éste con un área habitada.
