Defenderá ante el TSXG la constitucionalidad de la norma transitoria para sortear un proceso complicado que bloquearía el urbanismo de la ciudad, sin planeamiento propio aprobado
El Concello de Ourense defenderá ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia la constitucionalidad del artículo 96 de la Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, del año 2002, sobre el que el Alto Tribunal gallego planteó una cuestión de inconstitucionalidad porque elude la obligatoriedad del trámite de información pública antes de la aprobación definitiva de una norma urbanística. El planteamiento del tribunal se produjo a propósito de la legalidad de la ordenación urbanística provisional que rige actualmente el planeamiento de Ourense. El plazo de 10 días hábiles impuesto por el tribunal para recibir las alegaciones de las partes -a raíz de los nueve recursos contenciosos interpuestos contra la normativa- todavía termina el día 9 de este mes aunque algunos de los recurrentes y el propio fiscal del TSXG hayan remitido ya sus alegaciones.
Lo ha hecho también el Concello, parte afectada en este proceso, estimando que la constitucionalidad del artículo está clara porque ya fue aplicado y aceptado por el tribunal en distintas ocasiones, y nunca se planteó su inconstitucionalidad; porque otras muchas normas urbanísticas autonómicas lo contemplan y nunca se ha precisado esta supuesta ilegalidad, y porque, sostiene, se expuso al público la ordenación cuando se comunicó, vía Diario Oficial de Galicia, la creación de esa normativa transitoria tras la anulación judicial del Plan de Urbanismo de 2003.
Pero es probable que el futuro de la ordenación acabe en el Tribunal Constitucional porque así lo prefiere la Fiscalía y el propio Tribunal Superior lo plantea, al entender que ese artículo omite el trámite de información pública, lo que sería una inconstitucionalidad sobrevenida por infracción del artículo 149 de la Constitución.
Queda por ver también si se produce ahora la suspensión cautelar de la ordenación, mientras el Constitucional resuelve, lo que bloquearía por completo el urbanismo de la ciudad, que está tramitando un nuevo Plan de Urbanismo para el que no tiene consenso político y que aún necesita la aprobación provisional.
