Amalia Belmonte, funcionaria del Concello Ourense, recibía sms y llamadas telefónicas en las que una voz anónima le pedía 6.000 euros bajo amenazas de muerte. No podía imaginar quién estaba detrás. Después de urdir una cita física, bajo vigilancia policial, se presentó ante ella Raúl Jiménez, empleado del Concello con el que había colaborado en épocas pasadas estrechamente. Él ingreso en prisión. Marga Martín, concejal de Asuntos Sociais, señaló que se estudiará qué se hace con el trabajor encarcelado.
Estupefacción fue el estado de ánimo que se adueñó de algunos compañeros de trabajo de Raúl Jiménez Salazar, empleado fijo del Concello de Ourense detenido y encarcelado el pasado jueves po amenazar y tratar de extorsionar supuestamente a Amelia Belmonte, funcionaria del área de Asuntos Sociais, con la que durante 12 años colaboró estrechamente en programas de integración de la etnia gitana.
Una de las primeras impactadas fue la titular de la concejalía, Marga Martín, que rehusó hacer valoraciones y ante una posible rescisión de la relación laboral entre el Concello y el detenido, se limitó a señalar que en su momento los responsables de personal tomarán la decisión que haya que tomar.
La vinculación con el Concello de Jiménez Salazar, presidente de la Asociación Gallega de Colectivos Gitanos, se remonta a 12 años atrás. En ese momento, comenzó a colaborar con el gobierno del PP. Más tarde, se incorporaría como contratado fijo en Servicios Sociales. Por esa época, la supuesta víctima de la extorsión ascendió al cargo de jefa de área de Asuntos Sociais. La colaboración entre uno y otro se volvió estrecha. Tras la llegada del bipartito, momento a partir del cual Amelia Belmonte pasó a desarrollar funciones de trabajadora social, la relación se fue enfriando, según fuentes próximas al caso.
En las últimas semanas, la fun cionaria comenzó a recibir sms y llamadas anónimas desde cabinas telefónicas. En ellas, alguien que no se identificaba le reclamaba la entrega de 6.000 euros bajo amenazas de muerte y de hacer daño a su familia, según fuentes de la investigación.
La víctima no dudó en acudir a la Policía Nacional a denunciar la extorsión y las amenazas, en todo momento cursadas anónimamente. A fin de sacar a la luz al autor, funcionaria y fuerzas de seguridad pergueñaron un plan que pasaba por propiciar un encuentro físico con el extorsio nador. En el primer intento, Belmonte, en todo momento bajo vigilancia policial, se presentó al mismo, pero acabó esperando en balde. Tal vez por temor a una emboscada, el supuesto extorsionador no acudió. Sí lo hizo en una posterior cita, que se pactó en el entorno de O Ceboliño. La sorpresa fue mayúscula, cuando quien apareció dispuesto a recoger los 6.000 euros resultó ser Raúl Jiménez Salazar. Fue detenido en el acto, y enviado a prisión bajo la imputación de un delito de amenazas.
Una de las primeras impactadas fue la titular de la concejalía, Marga Martín, que rehusó hacer valoraciones y ante una posible rescisión de la relación laboral entre el Concello y el detenido, se limitó a señalar que en su momento los responsables de personal tomarán la decisión que haya que tomar.
La vinculación con el Concello de Jiménez Salazar, presidente de la Asociación Gallega de Colectivos Gitanos, se remonta a 12 años atrás. En ese momento, comenzó a colaborar con el gobierno del PP. Más tarde, se incorporaría como contratado fijo en Servicios Sociales. Por esa época, la supuesta víctima de la extorsión ascendió al cargo de jefa de área de Asuntos Sociais. La colaboración entre uno y otro se volvió estrecha. Tras la llegada del bipartito, momento a partir del cual Amelia Belmonte pasó a desarrollar funciones de trabajadora social, la relación se fue enfriando, según fuentes próximas al caso.
En las últimas semanas, la fun cionaria comenzó a recibir sms y llamadas anónimas desde cabinas telefónicas. En ellas, alguien que no se identificaba le reclamaba la entrega de 6.000 euros bajo amenazas de muerte y de hacer daño a su familia, según fuentes de la investigación.
La víctima no dudó en acudir a la Policía Nacional a denunciar la extorsión y las amenazas, en todo momento cursadas anónimamente. A fin de sacar a la luz al autor, funcionaria y fuerzas de seguridad pergueñaron un plan que pasaba por propiciar un encuentro físico con el extorsio nador. En el primer intento, Belmonte, en todo momento bajo vigilancia policial, se presentó al mismo, pero acabó esperando en balde. Tal vez por temor a una emboscada, el supuesto extorsionador no acudió. Sí lo hizo en una posterior cita, que se pactó en el entorno de O Ceboliño. La sorpresa fue mayúscula, cuando quien apareció dispuesto a recoger los 6.000 euros resultó ser Raúl Jiménez Salazar. Fue detenido en el acto, y enviado a prisión bajo la imputación de un delito de amenazas.
