Los grupos municipales de la ciudad corroboraron el deterioro de los recipientes subterráneos y conocieron todas las propuestas, de las que sólo dos cumplen la ley: el sellado o la de mayor inversión
La solución para los contenedores subterráneos instalados por toda la ciudad, que iba a ser tratada en el pleno municipal, adquirió ayer protagonismo por la decisión del gobierno local de Ourense de abrir algunos, para mostrar el estado de deterioro y suciedad en el que se encuentran, y por la reunión de la posterior junta de área de Medio Ambiente, que trató el tema con los grupos municipales, los técnicos y, sobre la mesa, la auditoría encargada por el Concello a Into Consulting, que hizo una inspección individual a cada contenedor.
Tras la inspección a contenedores de A Ponte, el gobierno local explicó que baraja dos posibles soluciones, la que pasa por el sellado de los 75 repartidos en 45 islas -con un coste de 435.239 euros- y la segunda por una sustitución de la infraestructura de vaciado actual por un sistema mecánico de elevación (camión grúa), lo que incrementaría el precio a más de 1,3 millones de euros. Es, reconoce, la empresa que hizo el informe, la solución más gravosa para el Concello, pero además resuelve los problemas de seguridad, cumple la normativa y precisa de un mantenimiento continuado posterior de menor importe.
Aunque la auditoría presenta cinco posibles soluciones, realmente sólo esas dos cumplen todos los requisitos legales y "de seguridade para os traballadores", un aspecto que resaltó el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, durante la inspección a esos contenedores. Y la seguridad es importante, recalcó, porque la muerte de operarios de limpieza por deficiencias en el estado de estos contenedores, en otras ciudades, endureció las condiciones de las aseguradoras y también de la legislación, ahora mucho más rigurosa.
Las otras tres opciones que pone sobre la empresa la auditoría, advirtiendo de que no solucionan el problema, son una propuesta ya existente para reabrir el servicio por importe de 225.835 euros, que no cumple las normas legales actuales ni garantiza la seguridad de operarios y usuarios, dice el informe; una segunda con un coste de 531.608 euros, que tampoco cumple la normativa ni, como la anterior, garantiza la seguridad, y tampoco cambia el sistema de recogida de residuos; y una tercera, que costaría 849.818 euros, la que se considera más beneficiosa económicamente para el Concello y solventa los problemas de seguridad para operarios y usuarios, pero que tampoco altera el sistema de recogida e incumple parte de las normas vigentes actualmente.
El concejal de Limpieza, José Araújo, precisó tras la inspección in situ de los contenedores, que cualquier decisión que se tome tendrá que estar basada en la legalidad y en la seguridad; y, desde luego, de acuerdo con los informes técnicos. La oposición, precisó, ya tiene toda la información al respecto -los grupos, críticos con algunas cuestiones, examinarán los informes- y su opinión es fundamental porque, reconoce, cualquier decisión debe contar con su apoyo, sobre todo porque tienen un coste económico notable.
