El Consello Consultivo de Galicia, órgano autonómico que asesora sobre asuntos de carácter jurídico, determinó en un dictamen que “non consta ningún elemento de culpa da empresa (Ecourense) en la situación de irregularidad contractual existente”, y por tanto “resulta procedente que reciba o abono efectivo das súas actuacións, polo que deber ser indemnizada de todos os gastos efectivamente realizados”.
Así lo revelaba ayer el grupo municipal del BNG, quien además considera que este dictamen crea un precedente para que otras empresas que se encuentran prestando en precario sus servicios al Concello de Ourense puedan reclamarles cantidades pendientes.
La disputa entre Ecourense y el gobierno municipal encabezado por Gonzalo Pérez Jácome se remonta a marzo de 2022, cuando concluye la prórroga que ambas partes habían acordado para seguir gestionando la recogida de basuras. La compañía pide entonces que se abonen los costes reales del servicio, reiterando esa petición a lo largo de todo 2023, donde se acumularon pagos pendientes de casi cinco millones de euros. Después de que el gobierno local desestimase su petición, la adjudicataria acudió a la justicia.
A juicio del BNG, esta resolución sienta un precedente que Ecourense podría emplear a su favor en el juicio pendiente con el Concello, y otras adjudicatarias seguir sus pasos. El gobierno local ya ha tenido que indemnizar a urbanos de Ourense por casi seis millones por vía judicial, y la formación nacionalista cree que se podrían reclamar otros 25 millones.
Una crítica a la que se unía el PSdeG, recordando que el servicio se presta en precario desde hace cuatro años. El BNG quiere debatir la situación en un pleno monográfico y los socialistas, en una junta de portavoces.
