La Dirección de Patrimonio informó desfavorablemente la reforma del Banco de España para sede del Catastro porque el proyecto básico y de ejecución propuesto vulneraba el grado de protección integral que el Plan de Urbanismo vigente tiene para este edificio noble, al ser un bien a conservar. Un informe firmado en 2007 por el entonces delegado de Cultura, Xosé Carlos Sierra, vetaba aquel planteamiento, que fue modificado y remitido de nuevo a Patrimonio, donde según el Concello, está aún pendiente.
La rehabilitación de la sede del Banco de España en Ourense fue rechazada en febrero de 2007 por la Consellería de Cultura porque las modificaciones previstas vulneraban el grado de protección integral que tiene el edificio en el Plan de Urbanismo. Los cambios introducidos por el arquitecto en el proyecto básico y de ejecución inicial fueron remitidos desde el Concello a Patrimonio, en julio del año pasado, aunque con la advertencia de que estaba incompleto, lo que dificultaba el conocimiento del objeto de las obras y el ajuste debido a la normativa vigente. Así se le hizo saber también a la Sociedad estatal para la Gestión Inmobiliaria del Patrimonio del Estado (Segipsa), la que encargó las obras para instalar en el inmueble, cerrado desde 2004, el Catastro.
Desde entonces y, según el Concello de Ourense, la resolución corresponde a la Dirección de Patrimonio, aunque el regidor de la ciudad, Francisco Rodríguez, no tiene prisa por darle licencia porque la demora le permite buscar una alternativa al Catastro y así gestionar con la sociedad estatal la cesión del edificio noble para uso público de la ciudad.
De hecho, Rodríguez, al margen de plantear otros terrenos, puso sus ojos en el actual edificio del Instituto Nacional de la Seguridad Social (Parque de San Lázaro) pero el traslado previsto de este organismo a la Praza de San Antonio sólo será parcial.
En realidad, el veto de Patrimonio fue debido a que el proyecto básico y de ejecución inicial, contemplaba -entre otras cuestiones- el traslado del lucernario, lo que cambiaría sustancialmente a concepción espacial del interior del inmueble; a que eliminaba el enrejado de la planta de operaciones; cambiaba la carpintería exterior en las ventanas y suprimía persianas en beneficio de un vidrio térmico; y trasladaba las barandas de la escalera principal a nueva escalera. Esas son algunas de las razones por las que el entonces delegado de la Consellería en Ourense, Xosé Carlos Sierra, también responsable de la Comisión provincial de Patrimonio, emitió un informe desfavorable, el 26 de febrero de 2007, donde advertía de la prohibición de demoler total o parcialmente la edificación, salvo en lo que permitiese la ficha del PXOM vigente, ya que el edificio tiene catalogado un grado de protección integral. Ello quiere decir que se permiten adaptaciones en el interior pero sin modificar el exterior y conservando los elementos significativos.
La conclusión del informe era, pues, que tal protección integral establecida para el edificio era incompatible xurídicamente por concepto con algunhas das intervencións recollidas no proxecto que presentó el arquitecto Alfredo Freixedo.
Ahora, está pendiente otro informe, el que dictamine si las modificaciones introducidas se ajustan a lo predeterminado en el informe anterior.
Desde entonces y, según el Concello de Ourense, la resolución corresponde a la Dirección de Patrimonio, aunque el regidor de la ciudad, Francisco Rodríguez, no tiene prisa por darle licencia porque la demora le permite buscar una alternativa al Catastro y así gestionar con la sociedad estatal la cesión del edificio noble para uso público de la ciudad.
De hecho, Rodríguez, al margen de plantear otros terrenos, puso sus ojos en el actual edificio del Instituto Nacional de la Seguridad Social (Parque de San Lázaro) pero el traslado previsto de este organismo a la Praza de San Antonio sólo será parcial.
En realidad, el veto de Patrimonio fue debido a que el proyecto básico y de ejecución inicial, contemplaba -entre otras cuestiones- el traslado del lucernario, lo que cambiaría sustancialmente a concepción espacial del interior del inmueble; a que eliminaba el enrejado de la planta de operaciones; cambiaba la carpintería exterior en las ventanas y suprimía persianas en beneficio de un vidrio térmico; y trasladaba las barandas de la escalera principal a nueva escalera. Esas son algunas de las razones por las que el entonces delegado de la Consellería en Ourense, Xosé Carlos Sierra, también responsable de la Comisión provincial de Patrimonio, emitió un informe desfavorable, el 26 de febrero de 2007, donde advertía de la prohibición de demoler total o parcialmente la edificación, salvo en lo que permitiese la ficha del PXOM vigente, ya que el edificio tiene catalogado un grado de protección integral. Ello quiere decir que se permiten adaptaciones en el interior pero sin modificar el exterior y conservando los elementos significativos.
La conclusión del informe era, pues, que tal protección integral establecida para el edificio era incompatible xurídicamente por concepto con algunhas das intervencións recollidas no proxecto que presentó el arquitecto Alfredo Freixedo.
Ahora, está pendiente otro informe, el que dictamine si las modificaciones introducidas se ajustan a lo predeterminado en el informe anterior.
