La oficina del Defensor del Pueblo ha pedido al Concello de Ourense documentación sobre la instalación en varios puntos de la ciudad de cámaras de vídeovigilancia, tras una denuncia del Movemento Polos Dereitos Civís por su presunto uso fraudulento.
En un comunicado del colectivo denunciante se explica que el Movemento Polos Dereitos Civís recibió un escrito de la Concejalía de Tráfico en el que se indica que las videocámaras instaladas hace años en la ciudad tienen el doble objetivo de proteger la seguridad ciudadana y vigilar el tráfico.
Sin embargo, según la asociación, sólo dos ayuntamientos gallegos tienen autorización para esa instalación y son los de A Coruña y Santiago, por lo que el de Ourense está usando de forma fraudulenta e ilegal las cámaras, según el escrito.
Difusión
Las actuaciones del colectivo están originadas por la publicación el 15 de agosto de 2007 de una imagen obtenida por una de estas cámaras y utilizada como ayuda para detener a un fugado de la Policía Local, relató el colectivo. Las imágenes fueron divulgadas en los medios de comunicación, por lo que se vulneró así la legislación que defiende los derechos fundamentales, la protección de datos y las buenas prácticas policiales, subrayó la organización.
Sin embargo, según la asociación, sólo dos ayuntamientos gallegos tienen autorización para esa instalación y son los de A Coruña y Santiago, por lo que el de Ourense está usando de forma fraudulenta e ilegal las cámaras, según el escrito.
Difusión
Las actuaciones del colectivo están originadas por la publicación el 15 de agosto de 2007 de una imagen obtenida por una de estas cámaras y utilizada como ayuda para detener a un fugado de la Policía Local, relató el colectivo. Las imágenes fueron divulgadas en los medios de comunicación, por lo que se vulneró así la legislación que defiende los derechos fundamentales, la protección de datos y las buenas prácticas policiales, subrayó la organización.
