El delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, será interrogado hoy en una vista en el Juzgado de lo Social 3 para dilucidar una demanda por acoso laboral planteada por una trabajadora del centro sociocomunitario de mayores de la calle Concejo. La empleada, en la categoría de personal laboral fijo, también demanda al jefe territorial de Benestar, José Selas, y el jefe de servicio Manuel Cobreiro.
La demandante sostiene que desde hace cuatro años soporta el mobbing sin que sus superiores, incluido Martínez, pese a conocer la situación ,hayan movido ficha. Asegura que no se le asigna ninguna ocupación y que su puesto se encuentra en un lugar aislado , sin comunicación con jefes o compañeros. En el escrito de demanda habla de comportamiento 'vejatorio, prepotente, indigno y humillante' por parte de sus jefes.
El comportamiento antijurídico de Rogelio Martínez con respecto a trabajadores, cuando presidía la Mancomunidad de O Ribeiro, ya fue censurado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Ourense en octubre de 2004 por la desviación de poder que supuso su actuación. En esa ocasión, el juzgado dio la razón a la tesorera del ente en un despido improcedente en 2003. La sentencia estimó que la demandante, quien desempeñaba el puesto de tesorera desde 1991, fue víctima de la animadversión personal de Martínez, más allá de las relaciones administrativas. Según estimó entonces el magistrado, Rogelio Martínez la despidió en un contexto de las actuaciones penales seguidas contra él (por el fraude de subvenciones de la UE que aún está en instrucción) tras la emisión de la un informe por parte de la funcionaria en el que se criticaban ciertos aspectos del ente mancomunado que él dirigía.
El comportamiento antijurídico de Rogelio Martínez con respecto a trabajadores, cuando presidía la Mancomunidad de O Ribeiro, ya fue censurado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Ourense en octubre de 2004 por la desviación de poder que supuso su actuación. En esa ocasión, el juzgado dio la razón a la tesorera del ente en un despido improcedente en 2003. La sentencia estimó que la demandante, quien desempeñaba el puesto de tesorera desde 1991, fue víctima de la animadversión personal de Martínez, más allá de las relaciones administrativas. Según estimó entonces el magistrado, Rogelio Martínez la despidió en un contexto de las actuaciones penales seguidas contra él (por el fraude de subvenciones de la UE que aún está en instrucción) tras la emisión de la un informe por parte de la funcionaria en el que se criticaban ciertos aspectos del ente mancomunado que él dirigía.
