El presidente de la Diputación no tiene pensado crear una comisión de investigación que clarifique vinculaciones empresariales y gestión de la instalación de depuradoras en pequeños municipios, las que investiga ahora la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), pero garantiza a la oposición la 'transparencia y publicidad máximas' del expediente.
Manuel Baltar Blanco está dispuesto, sin embargo y 'sin vacilaciones', a demandar a quien corresponda las responsabilidades civiles o penales a que hubiese lugar, pero también a exigir una rectificación pública a los que hayan dañado la imagen de la Diputación y de sus funcionarios, 'con tanta contundencia o más'.
Baltar Blanco respondió de este modo a cuatro preguntas planteadas por el BNG al final del pleno de ayer, el momento más esperado por los presentes en la sesión que, por cierto, estrenó ensayo de tiempo limitado de intervenciones de los diputados y también se emitió por primera vez vía internet. En ese mismo turno, el presidente provincial aprovechó para explicar el estado en que se haya este asunto y reiteró que no hay abierto ningún expediente sancionador a la Diputación, entre otras razones porque el articulado del reglamento europeo que rige en estos casos en ningún momento especifica la apertura de un proceso porque haya sospechas fundadas de fraude o corrupción, como dijo el BNG, aunque estas palabras sí figuren en la respuesta que el comisario europeo competente haya dado a la pregunta que la eurodiputada Ana Miranda planteó en Bruselas. Sólo habría constancia, pues, de una 'verificación técnica', de cuyos resultados está pendiente. El propio Ministerio de Hacienda, que sí detectó deficiencias y anomalías en un informe que data ya de 2006 y que evaluó la tramitación de estos planes europeos, habría comunicado a la Diputación esta misma semana que no hay novedades tras la inspección que expertos de la OLAF realizaron en febrero a la institución.
LA OPOSICIÓN, DIVIDIDA
Antes, Baltar rechazó junto a su grupo la pretendida urgencia de una moción socialista que llevaba fecha de dos días antes y que pedía de nuevo una comisión investigadora que depurase 'posibles irregularidades' en los planes europeos Daredo y Deputrans -ambos de instalación de depuradoras-, Pedece -para el centro ecuestre- y estaciones. Ignacio Gómez, portavoz socialista, forzó cierto debate, cortado por el presidente y por su portavoz, Plácido Alvarez, que le acusó de pretender unos minutos de gloria porque inmediatamente después de las mociones urgentes llegaban las preguntas del nacionalista Xan Jardón sobre la misma cuestión. Pero el tema escenificó la división de los dos grupos de la oposición porque la moción socialista disgustó a Jardón, que apoyó su urgencia pero sin querer entrar en el 'oportunismo político do PSOE, que non comparto'. Las diferencias se prolongarían después del pleno en el pasillo que conduce a los locales de ambos grupos, y donde Ignacio Gómez se quejó a Leopoldo Rodríguez de las palabras de Jardón.
Baltar Blanco respondió de este modo a cuatro preguntas planteadas por el BNG al final del pleno de ayer, el momento más esperado por los presentes en la sesión que, por cierto, estrenó ensayo de tiempo limitado de intervenciones de los diputados y también se emitió por primera vez vía internet. En ese mismo turno, el presidente provincial aprovechó para explicar el estado en que se haya este asunto y reiteró que no hay abierto ningún expediente sancionador a la Diputación, entre otras razones porque el articulado del reglamento europeo que rige en estos casos en ningún momento especifica la apertura de un proceso porque haya sospechas fundadas de fraude o corrupción, como dijo el BNG, aunque estas palabras sí figuren en la respuesta que el comisario europeo competente haya dado a la pregunta que la eurodiputada Ana Miranda planteó en Bruselas. Sólo habría constancia, pues, de una 'verificación técnica', de cuyos resultados está pendiente. El propio Ministerio de Hacienda, que sí detectó deficiencias y anomalías en un informe que data ya de 2006 y que evaluó la tramitación de estos planes europeos, habría comunicado a la Diputación esta misma semana que no hay novedades tras la inspección que expertos de la OLAF realizaron en febrero a la institución.
LA OPOSICIÓN, DIVIDIDA
Antes, Baltar rechazó junto a su grupo la pretendida urgencia de una moción socialista que llevaba fecha de dos días antes y que pedía de nuevo una comisión investigadora que depurase 'posibles irregularidades' en los planes europeos Daredo y Deputrans -ambos de instalación de depuradoras-, Pedece -para el centro ecuestre- y estaciones. Ignacio Gómez, portavoz socialista, forzó cierto debate, cortado por el presidente y por su portavoz, Plácido Alvarez, que le acusó de pretender unos minutos de gloria porque inmediatamente después de las mociones urgentes llegaban las preguntas del nacionalista Xan Jardón sobre la misma cuestión. Pero el tema escenificó la división de los dos grupos de la oposición porque la moción socialista disgustó a Jardón, que apoyó su urgencia pero sin querer entrar en el 'oportunismo político do PSOE, que non comparto'. Las diferencias se prolongarían después del pleno en el pasillo que conduce a los locales de ambos grupos, y donde Ignacio Gómez se quejó a Leopoldo Rodríguez de las palabras de Jardón.
