La propuesta del PP contó con el respaldo del PSOE, después de que la portavoz socialista Elvira Lama definiese la institución como "la casa que mangonearon e hicieron nido de caciques".
La Diputación de Ourense debatirá en dos meses un código ético para los cargos electos y el personal que estén al servicio de esta administración provincial, tras los votos positivos de PP y PSOE en un tenso debate sobre la corrupción en el pleno del mes de febrero.
La propuesta del Código Ético partió del presidente de este organismo, José Manuel Baltar, y contó con el respaldo del PSOE después de que en los turnos de intervención la portavoz Elvira Lama se refiriese a la institución como la "casa" que "mangonearon e hicieron nido de caciques".
Por su parte, el BNG ha enmarcado la propuesta en la época de 'Entroido' y recordó las peticiones planteadas en varias ocasiones "por activa y por pasiva" para que el presidente Baltar "tomase medidas ante los reiterados casos de corrupción de sus diputados". Así, el portavoz nacionalista, Leopoldo Rodríguez Puga se preguntó: "¿es ese su sentido de la ética, señor presidente?".
La portavoz socialista calificó de "tomadura de pelo", "farsa" y "milonga" la propuesta de Baltar "después de la bravuconada de repartir a dedo ayudas con una maquinaria perfecta para repartir fondos públicos sin rubor" y "sin cumplir los requisitos básicos legales", añadió, para explicar luego que votaría a favor de la propuesta.
Por su parte, el portavoz nacionalista se dirigió a Baltar para recordarle que los propios estatutos del PP incluyen un artículo que detalla que todos los cargos públicos "son responsables de observar el máximo rigor y abstenerse de cualquier conducta, que aún siendo plenamente legal, pueda dañar la imagen y honorabilidad".
"Señor Baltar, está claro que su ética no coincide con la de su partido. Y con su ética-chicle, me dirá si considera ejemplar la conducta del alcalde de Xinzo de Limia, o la del alcalde de O Carballiño imputado en la Pokemon, o la del de Barbadás, que defraudó a Hacienda y declaró en el caso de una posible trama de corrupción urbanística o del alcalde de Baltar, absuelto pero cuya conducta, para la jueza, fue reprochable para la pluralidad democrática", detalló, sobre los diputados.
Sobre la transparencia en la que el portavoz del PP basó la propuesta de elaborar el Código Ético, Rodríguez Puga dijo estar de acuerdo en que la Diputación "sea transparente". "Y quisiéramos los del BNG que fuese tan transparente que no se pudiese ver", añadió y motivó su abstención ante la propuesta que dijo no respaldar "hasta que se tomen medidas con los diputados imputados".
Por su parte, el presidente José Manuel Baltar intervino al final de este debate para recordar que antes de la Diputación de Ourense, la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp) aprobó su código en 2009 por "recomendación del Consejo de Europa de municipios y regiones" y en propio Gobierno estatal aprobó un Código de Buen Gobierno en 2005.
CARRETERA
Por otra parte, una treintena de vecinos de San Vicente del municipio de Vilamartín de Valdeorras pasó más de una hora ante la Diputación con pancartas y frases alusivas a la situación de la carretera de acceso a su pueblo, desde Vilamartín, cortada desde 1996 al tráfico por los derrumbes ocasionados por la explotación de pizarra de la empresa Cavima.
En el pleno de la Diputación se incluyó el debate de una moción del PSOE que fue sustituida por otra del PP, aprobada de forma unánime, para crear un grupo de trabajo específico para este problema, compuesto por un representante de cada grupo político de la Diputación y, como invitados, a una representación de los vecinos y otra de cada grupo político del Ayuntamiento de Vilamartín.
Además, se aprobó el compromiso de "licitar en diez días, la elaboración de un proyecto de trazado que sea solución definitiva" para acceder en condiciones seguras al pueblo, que se someterá a información pública con la garantía de que participen los vecinos, además de requerir a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil que en diez días "se pronuncie sobre el cumplimiento de la normativa medioambiental de ese trazado alternativo".
El segundo turno de intervenciones en este debate fue cedido por los tres grupos políticos al portavoz vecinal Leopoldo Nogueira González, que detalló las actuaciones comprometidas pero no realizadas en esa carretera desde que quedó dañada casi totalmente en 1996.
Según explicó, hubo convenios, denuncias, un litigio judicial entre socios, informes y proyectos de acondicionamiento que nunca se ejecutaron y la instalación de señales verticales para prohibir el tránsito por este vial, que fue construido hace 90 años "y destruido en sólo 20", detalló.
"En el pueblo pagamos impuestos como todos pero no tenemos los servicios que tienen los demás y encima el tema llegó al Parlamento con una pregunta al conselleiro de Educación, pues se paga un taxi para los tres niños que van al colegio, y en la respuesta sólo acertó a decir que el transporte en esa carretera no presenta ningún riesgo ni peligro por las continuas actuaciones de acondicionamiento, y ya me dirán si esto no es para que cesen al conselleiro Jesús Vázquez", agregó.
OTROS ASUNTOS
Entre los demás debates, se aprobó el retorno de la Diputación al Consorcio de Os Peares, del que se separó en 2011 por "motivos económicos y a que había que pagar 32.000 euros", explicó el portavoz del PP Plácido Álvarez Dobaño.
"Además el funcionamiento del consorcio no era el que queríamos pero todo eso cambió y podemos afrontar la cantidad económica precisa y la Ley de Racionalización y Sostenibilidad modificó sustancialmente esa fórmula jurídica de los consorcios y queremos colaborar", añadió Álvarez, antes de la votación que contó con el apoyo del BNG y la abstención del PSOE.
