La forma en las que una abogada de la ciudad zanjó el contrato de arrendamiento de una habitación (250 euros al mes) en un piso de la calle Progreso propiedad de su madre, le valió un proceso judicial por coacciones inmobiliarias -impedir el legítimo disfrute de la vivienda-. Una joven canadiense de 22 años, quien apenas hablaba español y que llevaba pocos meses viviendo en la ciudad, la denunció por, en palabras de su abogado, "echarla a la calle con intimidación (...), como en el salvaje Oeste" el 28 de mayo de 2018, tres días antes de que expirase el contrato de alquiler. "Nuestro ordenamiento jurídico tiene otros mecanismos de desahucio", recordó.
Tanto el fiscal como la acusación particular reclaman una condena por un delito de coacciones (artículo 172.1 del Código Penal), que niega con rotundidad la inculpada, M.C.C.F.: "Yo no la toqué, ni a ella ni a sus pertenencias, se lo juro señoría", aseguró.
La denunciante, que precisó de un traductor para dar su versión en el juicio de ayer, aseguró que vivió un momento muy tenso: "Llegué a casa y comenzó a vaciarme el armario para que me fuera". La acusada, con ayuda de una amiga, según esa versión, la introdujo violentamente en la casa -la llave no abría por fuera- y la increpó porque le faltaban enseres en la vivienda.
La relación con la inquilina no era buena. Tampoco con la otra chica que tenía una habitación alquilada en ese mismo piso. Esta última, al igual que la denunciante, aseguró que M.C.C.F.: "Entraba en las habitaciones cuando no estábamos". El letrado de la encausada le preguntó cómo lo sabía si no estaba. "Por cómo estaba la cama y porque la persiana estaba bajada", contestó la testigo. Ambas también aludieron a la presencia de una amiga de la arrendadora "que dormía en el sofá del salón para vigilar".
La otra versión
La imputada ofreció una versión muy diferente de los hechos, a su juicio, "premeditados" por la supuesta víctima con ayuda de los testigos que ayer declararon: la otra joven que vivía en la casa, el director del colegio de Xunqueira de Ambía en el que trabajaba la denunciante como auxiliar de conversación, su pareja y hasta la policía.
La denunciada culpabilizó en todo momento a la arrendataria -el abogado de la acusación particular equiparó esa estrategia a la de "un maltratador de manual"-. Asegura que la joven canadiense comenzó a gritar cuando entró con su propia llave al piso y la vio en el salón; la insultó y anteriormente provocó desperfectos en la vivienda y hasta insinuó que se llevó enseres: "Fui a la cocina a beber y no había nada absolutamente".
La perjudicada dice que la puerta de entrada estaba cerrada y fue entonces cuando llamó por teléfono para pedir ayuda a la pareja sentimental del director del colegio donde trabajaba, que a su vez decidió grabar la conversación cuando su interlocutora puso el teléfono en manos libres (una conversación trufada entre sollozos y gritos forma parte de las diligencias y fue reproducida en el juicio).
“Vi lanzar zapatos"
Posteriormente llegó el director del colegio donde trabajaba la denunciante, quien aseguró que vio a la joven en el rellano de la vivienda muy afectada -la llevó al médico- y con todas sus pertenencias fuera. Y vio más: "La acusada y su amiga le tiraron sus cosas; yo personalmente vi lanzar zapatos".
La otra compañera de piso, que llegó después, no pudo entrar esa noche porque la puerta no abría y tuvo que pasar la noche en un hotel.
Mientras que el fiscal reclamó una pena de 18 meses multa a razón de 10 euros al día y 600 euros de indemnización por daños morales, la acusación particular la elevó a 24 meses, con cuota de 12 euros. En cuanto a la responsabilidad civil, solicita mil euros por la afectación psicológica y otros 500 por no devolver la fianza.
