Velle, Cudeiro, Eiroás o Bobadela son algunas de las localidades de la ciudad que han sufrido en los últimos años el sobresalto de lidiar con un incendio forestal muy cerca de sus domicilios. Por eso, el Concello inicia también una campaña para sensibilizar a los propietarios de fincas de la obligatoriedad de mantenerlas limpias de maleza si se encuentran dentro de los núcleos de población o a menos de 50 metros de una vivienda, ocupada o no. La campaña advierte de que, en caso contrario, las multas pueden llegar hasta los 1.500 euros. Según la concejala de Medio Ambiente, Susana Bayo, la iniciativa "fue una propuesta que hizo el BNG en junta de área y nos pareció bien". A su juicio, "es imposible evitar un incendio, porque si alguien quiere incendiar, lo hará. Pero lo que tenemos que evitar es que llegue a las casas".
En lo que va de año, el Concello abrió 143 expedientes relacionados con quejas vecinales alertando del mal estado en el que se encuentra un terreno próximo a su vivienda. Cuando llega una queja de este tipo, los técnicos municipales la comprueban y exigen a los propietarios que tomen medidas. Si no, lo hace la administración y le cobra los gastos al dueño, además de imponerle una sanción.
No obstante, "en la gran mayoría de los casos son los propietarios los que limpian las fincas" cuando se les advierte, dice Susana Bayo. Aunque de este año todavía no hay datos de las sanciones, el año pasado únicamente seis de los 253 expedientes que se abrieron en el Concello por este tema acabaron en multas, que oscilaron entre los 80 y los 3.100 euros. "La cuantía depende de varios factores, como la superficie o la reincidencia", añade Bayo. En total, el Concello ingresó 4.580 euros por este concepto.
La normativa
La normativa que regula esta situación se recoge en la ordenanza municipal de limpieza de terrenos y solares y de protección contra los incendios forestales. Además de incluir que la obligatoriedad de esta cuestión es del propietario, la norma establece incluso la distancia que debe haber entre las plantaciones de árboles -según la especie- y los núcleos de población o viviendas. Así, mientras que para las plantaciones de eucalipto establece un mínimo de 100 metros del núcleo de población, para las coníferas se reduce a 40 metros, seis para los frutales.
La ordenanza recoge también las infracciones, que pueden ser de carácter leve (con multas de entre 60 y 600 euros), graves (de 600 a 1.500 euros) y muy graves (desde 1.501 a 3.000 euros), aunque este último supuesto solamente incluye las infracciones graves en las que, además, se aprecia reincidencia, intencionalidad o una grave repercusión o deterioro en los recursos naturales.
