Las facturas de Iberdrola

Las raíces de Iberdrola en Ourense son amplias y profundas. Con la herencia de Saltos del Sil e Iberduero, ahora mismo esta provincia supone entre el 15 y el 20% de su negocio hidroeléctrico en España. Pero el paso del tiempo y la no revisión de las condiciones de las viejas concesiones ha ido haciendo cada vez más ruidoso el desequilibrio entre lo que generan económicamente las centrales a la empresa vasca y lo que queda en la provincia. Algunas de estas realidades -escaso retorno al territorio, daños irreparables a la biodiversidad- son comunes a todo el sector hidráulico y otras son específicas de Iberdrola. En este apartado, la última herida es vaciar embalses en pleno agosto. El debate tiene foco económico-ambiental y acaba girando alrededor de modificar los caudales mínimos para fijar un límite que permita compatibilizar la actividad empresarial con el medioambiente, el abastecimiento de agua –vecinos de Cáceres o Zamora ya han tenido que ser auxiliados este verano por camiones cisterna– o las actividades acuáticas. A todo ello hay que sumar las limitaciones de los medios aéreos para cargar agua en caso de incendio forestal. Esta polémica llega en la pesada digestión del frenazo a la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial. El informe elaborado por los expertos del Icomos fue contundente: “La apariencia, geomorfología, ecosistema y clima del histórico paisaje cultural se alteraron de forma irreversible (...) resulta difícil ver cómo las presas han contribuido a la historia monástica o a los usos de la tierra”. Iberdrola es un actor decisivo en esa sobreexplotación del Sil ya que solo en la parte ourensana gestiona ocho grandes centrales. Y podrían ser más: los vascos proyectaron una estación de bombeo en la corona del cañón del Sil. La descomunal infraestructura, conocida como Santa Cristina, generaría tanta energía como una central nuclear pero la resaca de la crisis del 2008 y un clima político adverso lo acabaron desbaratando. El proyecto que sí avanza en su tramitación en otra zona protegida es un circuito reversible en el Macizo Central para unir las centrales de Cenza y O Bao. Grupos ecologistas como Adega han recordado el valor ambiental de este espacio, dentro de la Red Natura 2000 y catalogado como una representación del glaciarismo pleistoceno peninsular. La empresa argumenta que no habrá impacto negativo pero en la retina todavía está ese tramo del Sil seco en 2010 por culpa de los trabajos de construcción de Santo Estevo II. Esas ampliaciones –a través de las que aumentó potencia y blindó las prórrogas concesionales por encima de los 75 años fijados por ley– generaron tensiones por el uso de explosivos, maquinaria pesada o contaminación ambiental. Además, el corte puntual de carreteras como la que une Os Peares con Santo Estevo lo sufrieron los vecinos, las pequeñas empresas o negocios de la zona, entorpeciendo su actividad sin contraprestaciones. Otra carretera de Iberdrola que ha molestado a vecinos es la que une Vilamartín y Petín: los alcaldes de ambos municipios llevan una década reclamando un arreglo urgente. PÉRDIDA DE EMPLEO Iberdrola ha ido borrando parte de los empleos directos que generaba en Ourense. Tras varios años amagando, en la primavera del 2021 se vivió otro capítulo con la deslocalización del Centro de Operación de Cuenca del Sil, situado en A Rúa y el más antiguo que tenían en España. La situación llegó al Parlamento gallego pero no alteró los planes de la compañía, que ha centralizado estos trabajos de gestión en Salamanca -localidad natal de su presidente, Ignacio Sánchez Galán-.