El Centro de Atención a Personas con Discapacidad (CAPD) de Ourense, para mayores de 21 años, sortea varias crisis mientras las familias afectadas se ven obligadas a llevar a sus hijos a centros fuera de la provincia o mantenerlos en casa, sin los servicios especializados que requieren los chavales. La Xunta no ofrece un “horizonte” de apertura debido ahora a la crisis mundial de materiales. La demanda de un servicio de estas características en la única provincia gallega que no dispone de él empezó en 2016, pero las discrepancias con la ubicación dificultaron que hasta 2019 no se licitase el edificio. Las obras se aplazaron hasta un año después, llegó la crisis del covid y ahora la de la escasez y el encarecimiento de las materias primas. La conselleira de Política Social, Fabiola García, admitió ayer que el proyecto “leva uns meses paralizado por mor da crise mundial das materias primas” y, pese a que están buscando una solución, no se atreven a dar una fecha aproximada de apertura: “Queremos rematar as obras o antes posible, nestes momentos estamos traballando para ver cando se pode reanudar a obra”.
En la provincia de Ourense hay 117 niños matriculados en centros de educación especial que, cuando cumplen 21 años, terminan su escolarización. La opción que tienen en el resto de Galicia es un Centro de Atención a Personas con Discapacidad como el que demanda Ourense. Como alternativa extraordinaria por el covid, la Xunta ofreció una “prórroga” a los niños que cumplían 21 años para que pudiesen alargar el periodo de escolarización. Sin embargo, ahora están en el limbo. Eva Gutiérrez preside el Anpa del Centro de Educación Especial Miño y es la madre de Xabier, al que todavía le faltan algunos años para buscar una alternativa al colegio. “El año pasado conseguimos una prórroga para los que cumplían 21 años, pero este año Educación ya nos ha dicho que no. Los niños están en sus casas o en centros fuera de la provincia, como el de Sarria”, explica. “Vamos a pelear por el centro, no puede ser que haya en todas las provincias menos en la nuestra. Hace falta empatía, porque si hubiera un mínimo de sensibilidad, habría prioridad”, añade.
Susa Suárez lleva una década luchando. Su hijo, Diego, está en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad de Sarria, el más cercano. Ella y su marido recorren 100 kilómetros cada fin de semana para poder verlo. “Non tiven opción, pero hai moitos pais de Ourense que xa non poden nin ir ver aos seus nenos porque son maiores, non conducen ou non teñen medios. Eu fixen 60 anos, de momento podo, pero nuns anos… É moi duro pensar que vai ser do meu fillo”. De hecho, desde el 2 de enero no puede ver a Diego por el brote de covid que hubo en el centro. “Agora bótanlle a culpa á falta de material, pero levamos pedindo o centro desde 2016. Comprometéronse e nada”, se queja esta madre de un ourensano con discapacidad.
LOS PLAZOS
Las obras empezaron en octubre de 2020, con un plazo de ejecución de 18 meses. El edificio debía ser una realidad en marzo, fecha inviable dada la actual crisis de materiales. Política Social insiste en que el servicio “é de necesidade” para Ourense y reitera su “compromiso” para agilizar soluciones.
