Sonia González Vispo dice vivir un 'calvario' que dura una década. En el año 2000, comenzó los trámites de separación de su marido, seguido del proceso contencioso de divorcio. En ese momento se le había asignado una letrada de oficio, que después de años de luchas y denuncias, Sonia ha logrado que la Justicia la procese por el delito de apropiación indebida. Josefa G. A., abogada colegiada por Ourense, está acusada por el Ministerio Fiscal de un delito continuado de apropiación, por el que la reclama una pena de tres años de prisión y el abono a su ex cliente, en concepto de responsabilidad civil, de 3.261 euros.
La relación cliente-letrada había comenzado en el 2000. El primer procedimiento que llevó la encausada fue la separación de la denunciante, y lo hizo por el turno de oficio, aunque esta es una circunstancia que la imputada niega, ya que 'no consta designación alguna del turno de oficio', según su abogado. Al poco tiempo, según Sonia González, su abogada comenzó a exigirle 'distintas cantidades'. Primero 'me pidió 600 euros. Le pregunté por qué tenía que pagar si era una abogada de oficio y me dijo que como no era una separación de mutuo acuerdo tenía que abonarle ese dinero, y que si no lo hacía me denunciaría. Esto ocurrió varias veces durante varios años'. No son estas supuestas entregas de minutas, sin embargo, las que el Ministerio Fiscal emplea como elemento acusatorio. Fue una parte de la pensión alimenticia que el ex marido entregaba a Sonia González para la manutención de la hija que tenían en común, de la que se habría apropiado la letrada, que recibiría el dinero de la procuradora pero no se lo hacía llegar a la beneficiaria final. La letrada argumenta, sin embargo, que no existe apropiación indebida porque desde el principio habría llegado a un acuerdo con Sonia González para que 'su falta de dinero' no fuese un impedimento para su defensa. El pacto pasó por presentar las reclamaciones, y como era previsible que se sustanciasen en ingresos para Sonia, de éstos se detrajesen los honorarios de su letrada.
Sonia González consiguió que el Defensor del Pueblo se interesase por sus denuncias y, a instancias de éste, la propia Fiscalía General del Estado abrió diligencias que han desembocado en una acusación formal.
Sonia González consiguió que el Defensor del Pueblo se interesase por sus denuncias y, a instancias de éste, la propia Fiscalía General del Estado abrió diligencias que han desembocado en una acusación formal.
