Hoy es juzgado por tramitar permisos de trabajo con documentos falsos
Una vidente de Xinzo, Elsa Alcequiez Jiménez y uno de sus supuestos cómplices, Joaquín Povesa, serán juzgados hoy en la Audiencia por fotocopiar los sellos del Sergas, varios bancos y de algún notario y tramitar con ellos solicitudes de empleo en la Subdelegación del Gobierno dirigidas a mujeres dominicanas para trabajar como empleadas de hogar.
El fiscal sostiene que la inculpada,a través de su negocio como vidente, convenció a clientes españoles para que firmasen más de 20 solicitudes de empleadas de hogar, entre los meses de abril y septiembre de 2008, y las entregasen en el servicio de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno.
La acusada acompañó a los solicitantes y, "para dar credibilidad a las solicitudes", preparó certificaciones médicas donde se hacían constar diagnósticos de enfermedades graves padecidas por los solicitantes con el membrete del Sergas y con la identificación del médico, "que supuestamente las expedía y en las que imitaba su firma", según la versión del fiscal.
Por su parte, Joaquín Povesa -dice el fiscal- firmó una de las solicitudes para renovar la autorización de residencia legal en España a una trabajadora "a la que no pensaba emplear". El segundo acusado llegó a dar de alta en la Seguridad Social a esa trabajadora extranjera con residencia legal en España "para dar apariencia de legalidad" a la petición, pero "nunca tuvo intención" de realizar las cotizaciones correspondientes ya que, "según lo planeado con la otra acusada, sería la propia ciudadana dominicana la que haría los ingresos a la Seguridad Social".
Según el escrito, este acusado facilitó, además, a Elsa Alcequiez la documentación de la identidad de su madre y de su empleada de hogar para que las utilizase en la Subdelegación del Gobierno como contratantes para conseguir autorizaciones de trabajo.
Después de tramitar 25 expedientes, la Subdelegación del Gobierno detectó irregularidades en una solicitud presentada en septiembre de 2008 y dio cuenta a la Guardia Civil.
La Fiscalía acusa a la vidente de un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil y un delito contra los derechos de los extranjeros, por los que pide una pena de siete años y tres meses de prisión. Para Povesa reclama seis años y tres meses.
