El Ministerio Público luso considera que tres socios y amigos de Guillermo Collarte trazaron un plan para secuestrarlo. Para ello, dice, contrataron a un sicario, un delincuente común que posteriormente participó en el atraco a un banco.
La causa penal abierta en Valença do Minho (Portugal) en 1999 contra cuatro personas presuntamente implicadas en el secuestro agravado (la víctima sigue desaparecida) del empresario ourensano Guillermo Collarte, de 72 años, afronta un momento decisivo. El debate instructorio (recurso contra el procesamiento) que planteó uno de los cuatro arguidos -sospechosos oficiales- quedó ayer aplazado a expensas de que la representación procesal de la esposa formule acusación.
El recurso parte de Víctor Manuel Dias Pereira Barreto, el presunto sicario contratado por tres socios del empresario para ejecutar el delito, según sostiene la acusación pública. El inculpado plantea al tribunal que sea archivada la causa que se dirige contra él al entender que no hay pruebas de cargo.
No obstante la Procuradoria (Fiscalía) de Valença decidió proceder contra Dias Pereiro Barreto, un delincuente encarcelado por el atraco a un banco en marzo de 2003, también inculpado en el procedimiento penal abierto por el Juzgado de Instrucción 3 de Ourense por las supuestas amenazas a la hija del industrial (entre el 29 de junio de 2002 y el 20 de marzo de 2003). El fiscal también inculpa a las tres personas que vieron con vida por última vez al empresario y que compartían negocios inmobiliarios. Se trata de Jose Lopes Rodrigues, un ex concejal del CDS encargado de gestionar la construcción y las ventas del edificio que Collarte construía en esa localidad lusa cuando desapareció. Lopes era la persona que se encontraba con el ourensano en el momento de su desaparición (le dejó solo con la excusa de ir a buscar unos planos al coche, aparcado a 200 metros) y, según fuentes cercanas a la familia Collarte, no ha podido ofrecer una explicación plausible de lo ocurrido. La reconstrucción de las fuerzas de seguridad -añade- se contradice con su versión de los hechos, destacando, además, que sabía que el empresario nunca se quedaba solo después de haber sido objeto de un secuestro exprés un año antes.
Conocidos empresarios
La acusación también se dirige contra los constructores pontevedreses José Gerardo Torres Abalo (66 años), vecino de Poio, y Luis Sánchez Lavandeira (68 años), residente en Ponteareas, quienes habían sido socios de Collarte en los últimos años. Ambos son conocidos constructores con promociones inmobiliarias en las Rías Baixas. Precisamente, junto a Collarte, participaban en el accionariado de Fronteira S.A., la promotora del Edificio do Mercado.
El Ministerio Público de Valença entiende que hubo un plan previamente concebido entre todos ellos para que Guillermo Collarte se desplazase hasta un terreno próximo a la estación de ferrocarril donde se proyectaba la construcción de un nuevo inmueble, mientras los dos socios gallegos quedaron en la oficina. Para ello, a juicio del fiscal, alegaron que existía un litigio entre los constructores y el propietario de un terreno contiguo, y que la investigación demostró que era incierto. El Ministerio Público luso destaca el hecho de que Torres sabía que Collarte no podía quedar solo ya que estaba a su cuidado.
En este sentido, menciona que todos ellos, a excepción del sicario, eran conocedores de su delicado estado de salud, que requería medicación diaria.
El recurso parte de Víctor Manuel Dias Pereira Barreto, el presunto sicario contratado por tres socios del empresario para ejecutar el delito, según sostiene la acusación pública. El inculpado plantea al tribunal que sea archivada la causa que se dirige contra él al entender que no hay pruebas de cargo.
No obstante la Procuradoria (Fiscalía) de Valença decidió proceder contra Dias Pereiro Barreto, un delincuente encarcelado por el atraco a un banco en marzo de 2003, también inculpado en el procedimiento penal abierto por el Juzgado de Instrucción 3 de Ourense por las supuestas amenazas a la hija del industrial (entre el 29 de junio de 2002 y el 20 de marzo de 2003). El fiscal también inculpa a las tres personas que vieron con vida por última vez al empresario y que compartían negocios inmobiliarios. Se trata de Jose Lopes Rodrigues, un ex concejal del CDS encargado de gestionar la construcción y las ventas del edificio que Collarte construía en esa localidad lusa cuando desapareció. Lopes era la persona que se encontraba con el ourensano en el momento de su desaparición (le dejó solo con la excusa de ir a buscar unos planos al coche, aparcado a 200 metros) y, según fuentes cercanas a la familia Collarte, no ha podido ofrecer una explicación plausible de lo ocurrido. La reconstrucción de las fuerzas de seguridad -añade- se contradice con su versión de los hechos, destacando, además, que sabía que el empresario nunca se quedaba solo después de haber sido objeto de un secuestro exprés un año antes.
Conocidos empresarios
La acusación también se dirige contra los constructores pontevedreses José Gerardo Torres Abalo (66 años), vecino de Poio, y Luis Sánchez Lavandeira (68 años), residente en Ponteareas, quienes habían sido socios de Collarte en los últimos años. Ambos son conocidos constructores con promociones inmobiliarias en las Rías Baixas. Precisamente, junto a Collarte, participaban en el accionariado de Fronteira S.A., la promotora del Edificio do Mercado.
El Ministerio Público de Valença entiende que hubo un plan previamente concebido entre todos ellos para que Guillermo Collarte se desplazase hasta un terreno próximo a la estación de ferrocarril donde se proyectaba la construcción de un nuevo inmueble, mientras los dos socios gallegos quedaron en la oficina. Para ello, a juicio del fiscal, alegaron que existía un litigio entre los constructores y el propietario de un terreno contiguo, y que la investigación demostró que era incierto. El Ministerio Público luso destaca el hecho de que Torres sabía que Collarte no podía quedar solo ya que estaba a su cuidado.
En este sentido, menciona que todos ellos, a excepción del sicario, eran conocedores de su delicado estado de salud, que requería medicación diaria.
