Manuel Cabezas conocía, antes de aprobar provisionalmente el Plan de Urbanismo de Ourense, que determinada planimetría aprobada inicialmente no se correspondía con la expuesta al público inmediatamente después. Le advirtió un particular, Oscar Santalices, en al menos dos escritos dirigidos al entonces alcalde e incluso el jefe de la Oficina de Planeamiento, Cándido Ortells, que advirtió al secretario municipal de la gravedad de la situación. Cabezas no aplazó la aprobación, prevista para sólo dos días después.
El 25 de marzo del año 2003 entraba en el Concello, vía Registro General, un escrito de Delio Óscar Santalices Vieira en el que advertía al entonces alcalde Manuel Cabezas -pues a él iba dirigido el informe- de que una serie de planos del Plan de Urbanismo aprobado inicialmente no coincidían con los expuestos posteriormente al público. El particular, que después interpondría por este asunto un recurso contencioso-administrativo que ha llevado a la anulación total del PXOM, instaba la retirada (del pleno que iba a celebrarse el día 27 de ese mismo mes) de la aprobación del planeamiento, que se encargasen los informes necesarios y que se advirtiese a los concejales de las posibles consecuencias penales que podría tener el sentido favorable de su voto en pleno.
Además, Santalices adjuntaba copias de los planos aprobados y los expuestos, y las actas notariales que certificaban la modificación, que consideraba una farsa puesto que se había sustituido arteramente la documentación aprobada inicialmente por el Concello (un año antes) por otra apócrifa que fue sometida a la exposición pública. Decía apócrifa porque, también avalado por actas notariales, señalaba que los planos mostrados carecían de diligencia o testimonio oficial, o de cualquier otro tipo de cotejo que expresara ser copia de un original.
El escrito de Santalices Vieira llegó al Concello dos días antes del pleno que aprobó provisionalmente el Plan, pero con tiempo suficiente para que su documentación causase alarma en el entonces jefe de la Oficina de Planeamiento, Cándido Ortells, que dio inmediatamente traslado -era ya el día de la sesión plenaria- al alcalde, Manuel Cabezas; al concejal de Urbanismo, Ricardo Campo, y al secretario general, Mariano Rodríguez. Los tres firmaron el recibí correspondiente dándose por enterados de la situación.
Pero las advertencias no tuvieron efecto porque el Plan, con el decidido apoyo de Cabezas y sus concejales, fue aprobado provisionalmente y remitido a la Consellería de Política Territorial para su ratificación.
Pleno conocimiento
Manuel Cabezas, que podría justificar que no conoció los cambios en la planimetría por ser informado el mismo día del pleno, ya conocía entonces perfectamente la variación de planos, pero tampoco tomó medidas antes de la aprobación definitiva por la Xunta, pese a que el 23 de abril, un escrito remitido desde la Dirección xeral de Urbanismo a la alcaldía -Santalices había llevado su advertencia a la Consellería- instaba al Concello a certificar por el secretario municipal que el documento del Plan aprobado inicialmente había sido el mismo que se sometió a información pública. Ese mismo día, Manuel Cabezas firmaba una certificación que encabezaba Mariano Rodríguez, donde aseguraba que el Plan aprobado inicialmente había sido expuesto durante un mes. Política Territorial ratificaba el 29 de ese mismo mes el planeamiento de la ciudad.
Con todo, Cándido Ortells insistía en la gravedad de los cambios denunciados por Santalices y el 7 de mayo instaba al secretario general a emitir un informe puesto que el fondo de la cuestión es una acusación de falsedad en documento público. Mariano Rodríguez, el secretario, remitió todo ello a la asesoría jurídica, que lo derivó al técnico jurídico (la misma Secretaría) porque el expediente se hallaba en vía administrativa y no jurisdiccional.
Después de eso, el único trámite efectuado al respecto fue relevar de su responsabilidad al hasta entonces jefe de la Oficina de Planeamiento del Concello.
Los cambios en la planimetría del Plan fueron detectados por Santalices cuando pidió al secretario (ya en febrero de 2003) copias compulsadas de la aprobación inicial de hasta seis planos, comprobando entonces las graves divergencias con los documentos que un año antes obtuviera de la exposición pública. La planimetría modificada hace referencia a suelos en la intersección de Marcelo Macías-Progreso, A Ponte y zona del Pabellón y en todos los casos, declara el denunciante, las diferencias suponen un aumento de edificabilidad y determinaciones más favorables para los propietarios en el caso del documento aprobado inicialmente que en lo expuesto. Esas medidas favorables -en una torre cercana a la calle Río Ribeiriño la diferencia era de siete plantas- se mantuvieron en las aprobaciones provisional y definitiva.
Responsabilidades
Expertos juristas consultados por este diario consideran que la modificación de la planimetría del PXOM es lo suficientemente grave como para abrir una investigación por la Fiscalía, teniendo en cuenta que los cambios a que hace referencia el denunciante beneficiaron a determinados promotores, que obtuvieron mayor edificabilidad en sus propiedades; todo ello pese a que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que anuló el planeamiento por la discrepancia entre los planos aprobados y los expuestos, un defecto de forma suficiente como para no entrar ya en el fondo del asunto, la evaluación y resolución de las consecuencias que produjo esa modificación.
Cabrían, pues, indicios de una supuesta responsabilidad penal -los mismos técnicos municipales hacen alusión a un posible delito de falsedad en documento público-, que debería investigar la Fiscalía, bien por la puesta en su conocimiento de los hechos bien de oficio, dado que actuar de ese modo en defensa del interés público es, sostiene, forma parte de sus obligaciones.
Además, Santalices adjuntaba copias de los planos aprobados y los expuestos, y las actas notariales que certificaban la modificación, que consideraba una farsa puesto que se había sustituido arteramente la documentación aprobada inicialmente por el Concello (un año antes) por otra apócrifa que fue sometida a la exposición pública. Decía apócrifa porque, también avalado por actas notariales, señalaba que los planos mostrados carecían de diligencia o testimonio oficial, o de cualquier otro tipo de cotejo que expresara ser copia de un original.
El escrito de Santalices Vieira llegó al Concello dos días antes del pleno que aprobó provisionalmente el Plan, pero con tiempo suficiente para que su documentación causase alarma en el entonces jefe de la Oficina de Planeamiento, Cándido Ortells, que dio inmediatamente traslado -era ya el día de la sesión plenaria- al alcalde, Manuel Cabezas; al concejal de Urbanismo, Ricardo Campo, y al secretario general, Mariano Rodríguez. Los tres firmaron el recibí correspondiente dándose por enterados de la situación.
Pero las advertencias no tuvieron efecto porque el Plan, con el decidido apoyo de Cabezas y sus concejales, fue aprobado provisionalmente y remitido a la Consellería de Política Territorial para su ratificación.
Pleno conocimiento
Manuel Cabezas, que podría justificar que no conoció los cambios en la planimetría por ser informado el mismo día del pleno, ya conocía entonces perfectamente la variación de planos, pero tampoco tomó medidas antes de la aprobación definitiva por la Xunta, pese a que el 23 de abril, un escrito remitido desde la Dirección xeral de Urbanismo a la alcaldía -Santalices había llevado su advertencia a la Consellería- instaba al Concello a certificar por el secretario municipal que el documento del Plan aprobado inicialmente había sido el mismo que se sometió a información pública. Ese mismo día, Manuel Cabezas firmaba una certificación que encabezaba Mariano Rodríguez, donde aseguraba que el Plan aprobado inicialmente había sido expuesto durante un mes. Política Territorial ratificaba el 29 de ese mismo mes el planeamiento de la ciudad.
Con todo, Cándido Ortells insistía en la gravedad de los cambios denunciados por Santalices y el 7 de mayo instaba al secretario general a emitir un informe puesto que el fondo de la cuestión es una acusación de falsedad en documento público. Mariano Rodríguez, el secretario, remitió todo ello a la asesoría jurídica, que lo derivó al técnico jurídico (la misma Secretaría) porque el expediente se hallaba en vía administrativa y no jurisdiccional.
Después de eso, el único trámite efectuado al respecto fue relevar de su responsabilidad al hasta entonces jefe de la Oficina de Planeamiento del Concello.
Los cambios en la planimetría del Plan fueron detectados por Santalices cuando pidió al secretario (ya en febrero de 2003) copias compulsadas de la aprobación inicial de hasta seis planos, comprobando entonces las graves divergencias con los documentos que un año antes obtuviera de la exposición pública. La planimetría modificada hace referencia a suelos en la intersección de Marcelo Macías-Progreso, A Ponte y zona del Pabellón y en todos los casos, declara el denunciante, las diferencias suponen un aumento de edificabilidad y determinaciones más favorables para los propietarios en el caso del documento aprobado inicialmente que en lo expuesto. Esas medidas favorables -en una torre cercana a la calle Río Ribeiriño la diferencia era de siete plantas- se mantuvieron en las aprobaciones provisional y definitiva.
Responsabilidades
Expertos juristas consultados por este diario consideran que la modificación de la planimetría del PXOM es lo suficientemente grave como para abrir una investigación por la Fiscalía, teniendo en cuenta que los cambios a que hace referencia el denunciante beneficiaron a determinados promotores, que obtuvieron mayor edificabilidad en sus propiedades; todo ello pese a que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que anuló el planeamiento por la discrepancia entre los planos aprobados y los expuestos, un defecto de forma suficiente como para no entrar ya en el fondo del asunto, la evaluación y resolución de las consecuencias que produjo esa modificación.
Cabrían, pues, indicios de una supuesta responsabilidad penal -los mismos técnicos municipales hacen alusión a un posible delito de falsedad en documento público-, que debería investigar la Fiscalía, bien por la puesta en su conocimiento de los hechos bien de oficio, dado que actuar de ese modo en defensa del interés público es, sostiene, forma parte de sus obligaciones.
