Este martes a las 12 de la noche comenzó la huelga del transporte urbano. A primera hora, los trabajadores que habían acordado cumplir los servicios mínimos acordados, se encontraron con que no podían llevarlos a cabo debido a los piquetes que les esperaban y al sabotaje sufrido en algunos de los vehículos.
A las 10 de la mañana, los huelguistas acudieron a la Praza Maior, frente al ayuntamiento, para continuar con la manifestación. En esos momentos de tensión, con Gonzalo Pérez Jácome observando la escena, una de las sindicalistas de Comisiones Obreras se acercó a este para ofrecerle un megáfono. Tras reiterados intentos de acercarle el utensilio para que el alcalde lo utilizara, este le propició un empujón. Tras el suceso, la Policía Local intervino y la protesta continuó con los cantos de "alcalde responsable" y "fuera" por parte de los manifestantes.
Se llama Gonzalo Pérez Jácome y es el alcalde de Ourense con el apoyo del PP. Está siendo investigado por malversación y ha contratado como asesora a la esposa del juez que lo investiga. Así actúa contra sindicalistas en la huelga de transportes. pic.twitter.com/PZ8LmD4Z47
— Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) May 3, 2022
Fue a las 11,00 horas cuando se disolvió la huelga de la Praza Maior tras el momento tenso en las escaleras del Concello, con el alcalde lanzando un empujón a una manifestante que arengaba a los asistentes con un megáfono. Con los ánimos más calmados y tras tras corear los últimos "lume" y "solución", los huelguistas se dispusieron a movilizarse en piquetes informativos para repartir folletos en los que indicaban sus reclamaciones.
Por parte de la CIG, el delegado sindical Anselmo Iglesias anunció que a partir de hoy y de manera indefinida, los huelguistas se manifestarán cada día a las 10 de la mañana frente al Concello "para dar moita máis visibilidade ao conflito", actuando "dentro da legalidade". De cara al futuro de las negociaciones, comentó que esperan "ter unha próxima reunión, tanto co alcalde como coa empresa, probablemente mañá".
Falta de compromiso
Hablando en nombre de las centrales, Iglesias no ve indicios de un compromiso creíble por parte de Pérez Jácome: "El dixo que se ía involucrar no tema, pero aínda non o temos moi claro porque parece que a concesión dos autobuses urbanos son de segunda categoría". Reiteró las exigencias de "moitos anos sen melloras salariais, sen melloras en conciliación e cobrando uns soldos paupérrimos", calificando la situación de "triste". Además, aseguró que seguirán "facendo toda a presión que faga falta" y que "non imos dar nin un paso atrás".
Sobre la empresa concesionaria, declaró que se está lucrando a costa de los trabajadores: "O señor alcalde sábeo e ten que tomar cartas no asunto e a cidadanía non pode estar exposta a este servicio precario". También criticó el estado de unos autobuses y unos horarios que define como "obsoletos".
Daniel Fernández, presidente del comité de empresa de CC.OO. declaró que los servicios mínimos, establecidos al 52,8%, son "abusivos" y que se encuentran a niveles de tiempos de lo peor de la pandemia de covid. Alega que hasta que no se vea un compromiso por parte de empresa y Concello" plasmado en papel" no desconvocarán la huelga. "Con solo palabras no vamos a aceptar tras 30 meses de negociación; no nos fiamos", concluye.
En lo que respecta a los usuarios, esta mañana se pudieron ver en las paradas de San Lázaro y la Alameda aglomeraciones por encima de lo normal, debido a la menor frecuencia de autobuses en la líneas activas. Algunos usuarios, a la espera de los vehículos, preguntaban por los nuevos horarios de servicios mínimos a los conductores.
Sin acuerdo
Las diferencias entre patronal y comité de empresa en las negociaciones son evidentes ante la falta de acuerdo sobre el convenio laboral. Los sindicatos advierten de la falta de avance en las negociaciones.
Los sindicatos reclaman en este sentido cobrar por una jornada laboral de ocho horas al día, 40 horas a la semana, con horas extras negociadas; mientras que la empresa propone cobrar mensualmente según la línea que realicen, cambiando un sistema que funciona desde 1986 y que los trabajadores están "dispuestos a asumir pero sin que suponga una pérdida de salario".
La huelga afecta a 125 empleados de la concesión, de los que 96 son conductores mientras, el resto, administrativos, inspectores, mecánicos y lavacoches. En el caso de estos profesionales los servicios mínimos han quedado estipulados en el 50%.
