En su declaración, Francisco Javier Rodríguez Nóvoa exime al expresidente de la Diputación, José Luis Baltar
Francisco Javier Rodríguez Nóvoa, exconcejal del PP, jefe de servicio de los proyectos europeos en la Diputación de Ourense en el año 2003 y ahora jefe de Planificación y Seguimiento, ha atribuido los cambios en el plan de instalación de un centenar de depuradoras con fondos europeos a una decisión de los técnicos ante la falta de "tiempo" para ejecutar el proyecto como había sido concebido inicialmente, eximiendo a quienes entonces dirigían la institución provincial.
Rodríguez Nóvoa ha declarado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense en relación con el proyecto financiado con fondos europeos para instalar un centenar de depuradoras en pueblos de la provincia investigado por la Oficina europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y que tiene en trámite la devolución de 10 millones de euros por irregularidades detectadas.
En su declaración, al margen de señalar que los técnicos "fueron los que decidieron finalmente qué maquinaria y en qué pueblos se colocaría porque era imposible hacerlo" conforme el proyecto inicial por falta de tiempo, ha eximido al expresidente de la Diputación, José Luis Baltar, y a Rogelio Martínez, entonces vicepresidente de la institución, de "cualquier intervención en la definición de los proyectos técnicos".
La propia OLAF, en un informe final de la auditoría que hizo sobre la ejecución y gestión del proyecto, apuntó a posibles indicios penales, y la denuncia presentada por el PSOE y el BNG de la Diputación en el juzgado, abrió un segundo proceso de investigación judicial, tras otro en 2008 que acabó con un pronunciamiento de archivo de diligencias.
Tras la declaración del hasta ahora único imputado, el ingeniero Javier B., en febrero, se produjeron este viernes las declaraciones como testigos de Francisco Javier Rodríguez y de Marcelino O., representante de la empresas SMA y NetGolbal, ambas del mismo grupo empresarial en el que la primera fue la adjudicataria para proveer a la Diputación de depuradoras y de asistencias técnicas para gestionar su instalación.
SÓLO CUBRIÓ FORMULARIOS
Rodríguez ha detallado en su declaración que participó en el proyecto europeo para presentar la candidatura de la Diputación al Interreg en concurrencia competitiva, para lo cual cubrió un formulario "por orden del equipo de gobierno", gestionó la búsqueda de un socio, que fue finalmente la Cámara municipal de Chaves (Portugal), y fijó las características técnicas y ubicación para 53 plantas depuradoras basadas en el proceso de oxidación total para minimizar la producción de lodos.
Las reuniones para su labor "las hablaba con el entonces vicepresidente de la Diputación, Rogelio Martínez", y no conoció al ingeniero imputado hasta después de que Europa concediese los fondos para el proyecto, según ha explicado el testigo a Europa Press.
Tras la concesión de los fondos, "el pago estaba condicionado a que el 50 por ciento de lo correspondiente al año 2003 se ejecutase y pagase en pocos meses, antes de diciembre, así que los técnicos fueron los que decidieron finalmente qué maquinaria y en qué pueblos se colocaría porque era imposible hacerlo con el proyecto tal como iba", agregó.
Según su declaración, el ingeniero imputado sólo habló con él para explicarle que en ese momento no tenían las depuradoras "así que Javier B.V., hizo certificación in situ de que había 19 disponibles pero que no se podían instalar", y relató los problemas para encontrar un lugar de almacenamiento de esas 19 depuradoras de adelanto.
PREGUNTAS SOBRE LA AUDITORÍA
Rodríguez ha respondido a preguntas sobre la auditoría de la OLAF, y ha afirmado que, tras asistir a todas las reuniones mantenidas, "hay manifestaciones de esa oficina de control, que como mínimo son osadas", por lo que se ha declarado en desacuerdo con ellas.
Así, ha negado a preguntas de los abogados de Javier B.V., de la Diputación y del PSOE, tener relación con el cálculo de costes en electricidad ni con los pliegos técnicos ni administrativos de la adjudicación. Ha añadido que el proyecto solucionó "un tercio del problema de saneamiento que había en la provincia" y que la gestión de las depuradoras corresponde, desde el año 2005, al servicio de Medio Ambiente y aguas de la Diputación.
Además, ha eximido al entonces presidente de la institución provincial, José Luis Baltar, y al vicepresidente Rogelio Martínez, de cualquier intervención en la definición de los proyectos técnicos, pues la OLAF y las denuncias de la oposición se centran en la posibilidad de que los pliegos se hiciesen a medida para la empresa adjudicataria, además de incidir en el parentesco entre un socio del grupo empresarial de SMA y el entonces vicepresidente.
Por su parte, el representante del grupo empresarial adjudicatario dijo, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, que la empresa estaba participada en 2003 por Caixanova, que además era la entidad que financiaba y avalaba los proyectos de la Diputación de Ourense.
Las relaciones ente la empresa y la Diputación, según el testigo, eran a través de un comercial y dijo no explicarse por qué 50 puntos de los pliegos técnicos coinciden con la propuesta que presentó su empresa para concurrir a la adjudicación de las depuradoras.
El representante legal del PSOE ha explicado que entre las diligencias previstas por el juez Antonio Piña se encuentra la declaración de varios técnicos de la Diputación y que él pedirá que "por alusiones, declaren el entonces presidente José Luis Baltar y Rogelio Martínez".
