Para ser andaluz, la carrera profesional José Manuel Ruiz está muy ligada a Galicia. Comenzó a ejercer en Carballiño, y ahora imparte justicia en Ourense. Entretanto, aprendió el idioma gallego, y cuando en sala se presenta la ocasión, hace lo que muy pocos de sus compañeros: hablarlo.
La actividad de los juzgados penales ha cambiado mucho a raíz de los juicios rápidos y las nuevas formas delictivas en relación al tráfico y la violencia de género. ¿Cabe hablar de una monopolización delictiva?
En materia de juicios rápidos, seguro. Pero que nadie piense que en un juicio penal el trabajo se limita a esto. Cierto es que son fórmulas delictivas muy comunes. Pero hay que tener presente que nuestro trabajo no termina con la publicación de la sentencia, hay que ejecutarla. Muchos de estos juicios, vienen sentenciados por los juzgados instructores, pero la ejecución de la sentencia nos corresponde a nosotros. La mayor carga de trabajo que nos dan los juicios, se corresponden con la ejecución. Y aquí sí: en materia de ejecutorias pendientes la mayoría se corresponden con delitos contra la seguridad del tráfico, y violencia doméstica.
¿Encuentran muchas dificultades para proceder a la ejecución de sentencias?
Sí. El legislador muchas veces establece mecanismos de ejecución que sobre el papel quedan muy bien, pero que al carecer de recursos, cuando uno echa mano de ellos, no son eficaces. Hay un aumento de los delitos penados con trabajos en beneficio de la comunidad, y nos encontramos que muchas veces no hay ni plazas ni sitios donde estas personas puedan cumplir su pena. Me acuerdo de que en Lugo teníamos una especie de lista de espera, porque no vale cualquier trabajo, ya que a veces nos encontramos con personas que tienen limitaciones que le impiden desarrollar según qué tipo de actividades. Además, esta pena sólo se puede imponer si está de acuerdo el penado. Si no está de acuerdo, la causa se archiva, ahora bien, se abre un procedimiento contra él por quebrantamiento de condena.
¿Qué otras dificultades afronta un juzgado de lo penal?
Echamos de menos lo que hemos reivindicado en la huelga de jueces. Para empezar, una informatización total de la Justicia. Hay que terminar con el dominio del papel y el sello, y que las tecnologías lleguen a todos los ámbitos. También sería deseable que estuviésemos conectados todos los juzgados de España, de forma que yo pueda conocer cuál es la situación de un delincuente en cualquier punto del país, cuando yo desee conocerlo.
En relación a la huelga, me gustaría cuál es su opinión sobre los problemas generales que detecta en el ejercicio de la Justicia?
La deficiencia fundamental, desde mi punto de vista, es que somos demasiado pocos. Incluso con las previsiones que contempla el Ministerio de Justicia, no se cubren ni de lejos el aumento de trabajo que suponen para nosotros la reforma legislativa, la crisis económica (que redunda en más delincuencia), y sobre todo el trabajo de ejecución de sentencias que ya he comentado. Todo esto genera un aumento de trabajo en proporción geométrica que nunca resulta absorbido por el número de plazas de jueces que se crean todos los años.
¿Detecta usted una tendencia, cada vez más descarada, a interferir en la independencia de los jueces?
Bueno... Está claro, desde que yo ejerzo, y desde que hay democracia en España, hasta donde mi memoria llega, que jamás un portavoz del Gobierno había salido públicamente pidiendo la cabeza de uno de mis compañeros por un error, aunque yo no lo considero error, si bien sobre esto hay posiciones enfrentados. En todo caso, yo creo que esto nunca había sucedido, hasta que ocurrió, y de hecho fue el detonante del movimiento del 8 de octubre.
¿Entiendo que está usted hablando del caso Mariluz?
Sí, del caso Mariluz.
¿Y que la cabeza que el Gobierno pedía, según usted, era la del juez Tirado?
Sí.
De todas formas, yo me refería a posibles intentos de influencia en el poder judicial por parte de las fuerzas políticas.
Sobre ese tema prefería no pronunciarme.
Cambio la pregunta. ¿Nota que la tarea de los magistrados, es cada vez más objeto de una fiscalización social, mediática, política?
Esa fiscalización a la que usted se refiere es consecuencia simplemente del auge de los medios de comunicación y de que vivimos en una sociedad cada vez más transparente... ¿y la pregunta era exactamente?
Si advierte en efecto este seguimiento insistente de la actividad de los magistrados, y ya de paso, si lo considera bueno, malo, o ni una cosa ni la otra.
El seguimiento y la información nunca están de más. Ahora bien, el problema es, cuando haciendo uso de esa información, se emiten juicios paralelos, porque eso puede perjudicar muchísimo la tramitación de las causas. A mí me aterran, por ejemplo, estos programas que hay ahora en ciertos canales, en los que se coge un trozo de realidad, y personas absolutamente legas en Derecho emiten juicios paralelos, que pueden poner al verdadero culpable, que todavía no se sabe quién es, sobre la pista de lo que pude hacer la policía, etc. Muchas veces también se condena socialmente y se estigmatiza a una persona cuando todavía no hay una sentencia.
Hay otro fenómeno, cada vez más común, que son las filtraciones, de declaraciones, de sumarios enteros. Entiendo que eso también es una perturbación del ejercicio judicial, pero a veces fomentada desde el propio estamento judicial.
Al respecto de ese problema no le puedo decir nada, porque no lo tengo. Aunque supongo que existir, existe.
En materia de juicios rápidos, seguro. Pero que nadie piense que en un juicio penal el trabajo se limita a esto. Cierto es que son fórmulas delictivas muy comunes. Pero hay que tener presente que nuestro trabajo no termina con la publicación de la sentencia, hay que ejecutarla. Muchos de estos juicios, vienen sentenciados por los juzgados instructores, pero la ejecución de la sentencia nos corresponde a nosotros. La mayor carga de trabajo que nos dan los juicios, se corresponden con la ejecución. Y aquí sí: en materia de ejecutorias pendientes la mayoría se corresponden con delitos contra la seguridad del tráfico, y violencia doméstica.
¿Encuentran muchas dificultades para proceder a la ejecución de sentencias?
Sí. El legislador muchas veces establece mecanismos de ejecución que sobre el papel quedan muy bien, pero que al carecer de recursos, cuando uno echa mano de ellos, no son eficaces. Hay un aumento de los delitos penados con trabajos en beneficio de la comunidad, y nos encontramos que muchas veces no hay ni plazas ni sitios donde estas personas puedan cumplir su pena. Me acuerdo de que en Lugo teníamos una especie de lista de espera, porque no vale cualquier trabajo, ya que a veces nos encontramos con personas que tienen limitaciones que le impiden desarrollar según qué tipo de actividades. Además, esta pena sólo se puede imponer si está de acuerdo el penado. Si no está de acuerdo, la causa se archiva, ahora bien, se abre un procedimiento contra él por quebrantamiento de condena.
¿Qué otras dificultades afronta un juzgado de lo penal?
Echamos de menos lo que hemos reivindicado en la huelga de jueces. Para empezar, una informatización total de la Justicia. Hay que terminar con el dominio del papel y el sello, y que las tecnologías lleguen a todos los ámbitos. También sería deseable que estuviésemos conectados todos los juzgados de España, de forma que yo pueda conocer cuál es la situación de un delincuente en cualquier punto del país, cuando yo desee conocerlo.
En relación a la huelga, me gustaría cuál es su opinión sobre los problemas generales que detecta en el ejercicio de la Justicia?
La deficiencia fundamental, desde mi punto de vista, es que somos demasiado pocos. Incluso con las previsiones que contempla el Ministerio de Justicia, no se cubren ni de lejos el aumento de trabajo que suponen para nosotros la reforma legislativa, la crisis económica (que redunda en más delincuencia), y sobre todo el trabajo de ejecución de sentencias que ya he comentado. Todo esto genera un aumento de trabajo en proporción geométrica que nunca resulta absorbido por el número de plazas de jueces que se crean todos los años.
¿Detecta usted una tendencia, cada vez más descarada, a interferir en la independencia de los jueces?
Bueno... Está claro, desde que yo ejerzo, y desde que hay democracia en España, hasta donde mi memoria llega, que jamás un portavoz del Gobierno había salido públicamente pidiendo la cabeza de uno de mis compañeros por un error, aunque yo no lo considero error, si bien sobre esto hay posiciones enfrentados. En todo caso, yo creo que esto nunca había sucedido, hasta que ocurrió, y de hecho fue el detonante del movimiento del 8 de octubre.
¿Entiendo que está usted hablando del caso Mariluz?
Sí, del caso Mariluz.
¿Y que la cabeza que el Gobierno pedía, según usted, era la del juez Tirado?
Sí.
De todas formas, yo me refería a posibles intentos de influencia en el poder judicial por parte de las fuerzas políticas.
Sobre ese tema prefería no pronunciarme.
Cambio la pregunta. ¿Nota que la tarea de los magistrados, es cada vez más objeto de una fiscalización social, mediática, política?
Esa fiscalización a la que usted se refiere es consecuencia simplemente del auge de los medios de comunicación y de que vivimos en una sociedad cada vez más transparente... ¿y la pregunta era exactamente?
Si advierte en efecto este seguimiento insistente de la actividad de los magistrados, y ya de paso, si lo considera bueno, malo, o ni una cosa ni la otra.
El seguimiento y la información nunca están de más. Ahora bien, el problema es, cuando haciendo uso de esa información, se emiten juicios paralelos, porque eso puede perjudicar muchísimo la tramitación de las causas. A mí me aterran, por ejemplo, estos programas que hay ahora en ciertos canales, en los que se coge un trozo de realidad, y personas absolutamente legas en Derecho emiten juicios paralelos, que pueden poner al verdadero culpable, que todavía no se sabe quién es, sobre la pista de lo que pude hacer la policía, etc. Muchas veces también se condena socialmente y se estigmatiza a una persona cuando todavía no hay una sentencia.
Hay otro fenómeno, cada vez más común, que son las filtraciones, de declaraciones, de sumarios enteros. Entiendo que eso también es una perturbación del ejercicio judicial, pero a veces fomentada desde el propio estamento judicial.
Al respecto de ese problema no le puedo decir nada, porque no lo tengo. Aunque supongo que existir, existe.
