Los moradores del Pazo de Xustiza de Concepción Arenal no han tardado en responder a la propuesta de que la Diputación ocupe allí espacios cuando se construya el hotel-balneario en su actual sede. La otra opción barajada es la Delegación de Sanidade de la avenida de Zamora. Los jueces (allí están, entre otros, las dos secciones de la Audiencia y el Juzgado de Menores) no ven compatible abrirse a otras dependencias administrativas. La Policía Autonómica, que ocupa parte de la planta baja y el primer piso, fue una excepción con muralla china. Tiene una entrada independiente.
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) se hizo eco de la preocupación de los magistrados ourensanos y lo puso en su agenda. Acordó dirigirse a la Xunta para recordar que, según el reglamento de los órganos de gobierno de tribunales, “las actividades ajenas a la función judicial en edificios judiciales o sus dependencias no podrán llevarse a cabo sin el acuerdo de la Sala de Gobierno, siendo examinado el asunto por la Comisión Mixta en caso de discrepancia”.
El órgano de Gobierno de los jueces considera “una intromisión sobrevenida de otras administraciones públicas en espacios destinados a la actividad judicial”. El acuerdo de la Sala apunta que los inmuebles destinados a actividad judicial “deben preservarse a tal fin, con objeto de visibilizar la separación de poderes y evitar confusiones”.
“La Diputación tiene un problema, pero no puede resolverlo en casa de otros”, dice el presidente de la Audiencia, Antonio Piña.
