El magistrado acordó pedir el expediente de la polémica adjudicación
El reparto de denuncias en el decanato del Pazo de Xustiza de Ourense ha sido caprichoso. Un programa informático, el que se utiliza en toda Galicia para distribuir las denuncias sin fecha de comisión del delito entre los juzgados, ha querido que el mismo juez al que le tocó instruir la denuncia de Democracia Ourensana contra el gobierno municipal de 2008 por las obras de Bedoya sea también a quien, por riguroso azar, le corresponda la instrucción de la causa dirigida por la concejala de Urbanismo de la ciudad, Áurea Soto, contra la junta local del PP del año 2006 por la compra, por vía de urgencia y sin tramitación administrativa alguna, de 295 altavoces a la empresa Jolper Música SL, en la cual el portavoz de DO, Gonzalo Pérez Jácome, ejerce como gerente.
El titular del Juzgado de Instrucción 2 de Ourense, Antonio Piña, conoció en el día de ayer que será el magistrado encargado del polémico asunto. Tras la admisión a trámite de la denuncia, el juez moverá ficha en los próximo días para recabar ante el Concello el expediente de adjudicación. La junta de gobierno que entonces presidía Manuel Cabezas acordó la adquisición de las "pantallas sonoras" sin ajustarse al procedimiento abierto que determinaba el importe ya que la compra ascendió a 61.691 euros, (209 euros por unidad). Un gasto que con los años se reveló superfluo porque los altavoces no sólo no se pudieron instalar en las fachadas sino que también se entregaron incompletos, según considera el actual gobierno municipal, tras pedir su instalación puntual a la empresa de sonido con la que suele trabajar.
Toda vez que el juez instructor reciba la documentación que sustenta la denuncia por presunta prevaricación de Soto contra el gobierno del PP en 2006, podrá comenzar a llamar a declarar a testigos e imputados. El gobierno del exregidor Manuel Cabezas, a la hora de adjudicar la compra, omitió la publicidad a empresas, recurriendo al trámite de urgencia en la reunión de la junta de gobienro del 26 de octubre de ese año en un punto abordado al margen del orden del día. El edil que llevó la propuesta, como responsable de la Concejalía de Comercio, fue Aurelio Gómez Villar, el único en actualmente sigue en activo en esta corporación.
Inhibición
La denuncia de la edil de Urbanismo fue presentada en la guardia del titular de Instrucción 1, Leonardo Álvarez, a finales del pasado mes. Este último se inhibió al decanato para que este órgano la turnase entre los tres juzgados de instrucción de la ciudad.
