El caso de los paneles se cerró sólo en parte. Aunque la Audiencia decidió absolver a los seis acusados de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad, aún queda pendiente otro frente en los juzgados de Ourense: el recurso contencioso interpuesto en 2009 por la empresa Afiador Produccións, la frustrada empresa adjudicataria del convenio-contrato para instalar soportes informativos en la ciudad.
El titular del Contencioso número 2 había decidido aplazar la vista encaminada a estimar o no las pretensiones de Afiador, quien exige el cumplimiento del convenio-contrato firmado en febrero de 2008 con el entonces teniente alcalde Alexandre Sánchez Vidal o, en caso contrario, el abono de daños y perjuicios, cifrados por la propia empresa en 30 millones de euros. Ello, hasta que no hubiera sentencia en la jurisdicción penal.
Los responsables de la mercantil -Omar Bouzo y Daniel Conde-, que estuvieron imputados en el caso penal, presentaron la demanda al sentirse perjudicados por no poder llevar a la práctica el convenio-contrato para instalar los paneles.
En caso de que la sentencia de la Audiencia se haga firme, esto es, no se recurra por parte del fiscal ni el PP, el juez podría convocar en próximas fechas la vista encaminada a resolver el contencioso-administrativo. En caso contrario, lo más probable es que se aplace de nuevo el asunto a expensas de que haya sentencia firme por parte del Tribunal Supremo, lo que podría dilatar el asunto un año más.
En el recurso 243/2009 del Juzgado de lo Contencioso número 2 de Ourense estuvieron en un principio también personados a título individual el exteniente de alcalde Alexandre Sánchez Vidal, junto con la exconcejala nacionalista de turismo y comercio Ana Garza y su exdirector general, David Cortón Lamelas. Posteriormente, quedaron apartados al conocer la intención de la empresa de no solicitarles ningún tipo de responsabilidad a nivel individual.
La sentencia penal dictada el miércoles admite recurso de casación, que puede ser presentado en los próximos cuatro días. Tanto la Fiscalía como El PP sopesan esa opción.
VALORACIONES
Las reacciones a la sentencia continuaron en el día de ayer con concejala socialista Áurea Soto, que mostró su satisfacción por el fallo de la Audiencia provincial y acusó ayer al PP de 'crear una máquina de difamación continua para ocultar sistemáticamente una gestión impecable, honrada y eficiente del gobierno bipartito'. Soto, que considera que el PP debería 'pedir perdón por esto', resaltó el apoyo que el grupo socialista brindó en sus imputaciones a los exediles del BNG, entonces sus socios de gobierno. 'No hubo exigencia alguna, sólo apoyo', aseguró, sin querer entrar en polémica sobre si el trato fue recíproco en la reciente operación Pokemon. Además, la concejala hizo un llamamiento a los partidos de izquierda para que reflexionen sobre 'la insensatez de autoexigirse la dimisión por una dimisión', puesto que el PP, dijo, no actuaba de la misma manera.
Mientras, el portavoz del PP, Rosendo Fernández, reiteró que la actuación de su grupo fue correcta y recuerda que 'aínda hai caso', en referencia a la indemnización que solicita Afiador.
Los responsables de la mercantil -Omar Bouzo y Daniel Conde-, que estuvieron imputados en el caso penal, presentaron la demanda al sentirse perjudicados por no poder llevar a la práctica el convenio-contrato para instalar los paneles.
En caso de que la sentencia de la Audiencia se haga firme, esto es, no se recurra por parte del fiscal ni el PP, el juez podría convocar en próximas fechas la vista encaminada a resolver el contencioso-administrativo. En caso contrario, lo más probable es que se aplace de nuevo el asunto a expensas de que haya sentencia firme por parte del Tribunal Supremo, lo que podría dilatar el asunto un año más.
En el recurso 243/2009 del Juzgado de lo Contencioso número 2 de Ourense estuvieron en un principio también personados a título individual el exteniente de alcalde Alexandre Sánchez Vidal, junto con la exconcejala nacionalista de turismo y comercio Ana Garza y su exdirector general, David Cortón Lamelas. Posteriormente, quedaron apartados al conocer la intención de la empresa de no solicitarles ningún tipo de responsabilidad a nivel individual.
La sentencia penal dictada el miércoles admite recurso de casación, que puede ser presentado en los próximos cuatro días. Tanto la Fiscalía como El PP sopesan esa opción.
VALORACIONES
Las reacciones a la sentencia continuaron en el día de ayer con concejala socialista Áurea Soto, que mostró su satisfacción por el fallo de la Audiencia provincial y acusó ayer al PP de 'crear una máquina de difamación continua para ocultar sistemáticamente una gestión impecable, honrada y eficiente del gobierno bipartito'. Soto, que considera que el PP debería 'pedir perdón por esto', resaltó el apoyo que el grupo socialista brindó en sus imputaciones a los exediles del BNG, entonces sus socios de gobierno. 'No hubo exigencia alguna, sólo apoyo', aseguró, sin querer entrar en polémica sobre si el trato fue recíproco en la reciente operación Pokemon. Además, la concejala hizo un llamamiento a los partidos de izquierda para que reflexionen sobre 'la insensatez de autoexigirse la dimisión por una dimisión', puesto que el PP, dijo, no actuaba de la misma manera.
Mientras, el portavoz del PP, Rosendo Fernández, reiteró que la actuación de su grupo fue correcta y recuerda que 'aínda hai caso', en referencia a la indemnización que solicita Afiador.
