El funcionario sigue dando clases en la universidad de Vigo porque dice que recogió el aviso de la resolución plenaria fuera de plazo
Un juez determinará si un funcionario, asesor jurídico adjunto municipal de Ourense, puede o no dar clases en la universidad, después de que el pleno municipal del día 13 de diciembre de 2013 le denegase la compatibilidad.
En una vista celebrada en el juzgado de lo contencioso-administrativo de Ourense este miércoles se han expuesto todas las alegaciones, recusaciones, peticiones de suspensión de plazos y otra documentación entregada por el funcionario Javier G.G., además de su petición de compatibilidad, presentada en 2013, para dar cinco horas semanales de clase en el campus de Ourense de la Universidad de Vigo.
Esa petición de compatibilidad acabó siendo el tema central del pleno municipal del 13 de diciembre, en el que cinco ediles socialistas salieron de la sala de plenos para no votar ese punto, después de que el propio alcalde se ausentase por aprobarse por mayoría de votos la recusación planteada por el mismo funcionario.
Aquel día de diciembre, cinco ediles que desde entonces se conocen como "díscolos" o "discrepantes", se fueron del pleno antes de votar y volvieron luego. Los concejales explicaron que lo hicieron para no incurrir en una ilegalidad, pues los cinco firmaron a favor de dar la compatibilidad a Javier G.G. en un folio que forma parte del expediente del funcionario.
Los demás ediles socialistas votaron contra la compatibilidad pues, según el entonces portavoz, los informes técnicos indicaban que el horario laboral de su cargo en el ayuntamiento es imposible de compatibilizar con la docencia -por las mañanas-, y la retribución económica de su trabajo municipal sumado al de la universidad, superarían el límite legal establecido para las compatibilidades de este tipo.
DESVIACIÓN
Tras la exposición de argumentos de ambas partes, la abogada del Ayuntamiento de Ourense ha aludido a la denuncia por vulneración de la libertad sindical, pues el funcionario es representante de la CIG en la junta de personal municipal, y por desviación de poder.
"Debe estar de moda esto de la desviación de poder, pues nos la meten en todas las demandas, pero en esta del asesor jurídico adjunto no se aporta ninguna prueba" ha letrado la letrada municipal. Según el representante del funcionario, el asesor jurídico pide la compatibilidad por silencio administrativo positivo pues desde la fecha que hay que contar como inicio de su expediente pasaron más de 4 meses.
La principal discrepancia, según han recordado los dos letrados, está en esa fecha de apertura del expediente, pues según el funcionario debe contarse desde que pidió la compatibilidad en escrito a la universidad el 16 de julio de 2013, y según el ayuntamiento debe constar como fecha de inicio el 31 de julio, por ser el día en que entregó su petición en el registro municipal.
MULTINOTIFICADO
El 4 de noviembre el funcionario presentó un escrito de recusación del alcalde y de dos tenientes de alcalde y el secretario municipal hizo una delegación especial en otro teniente de alcalde para tratar la recusación de los otros dos -pues la del alcalde sólo se puede tratar en pleno municipal-. A esto, siguió un nuevo escrito de recusación del funcionario contra el tercer teniente de alcalde, rechazado por el gabinete jurídico municipal, en el que trabaja.
El pleno del 13 de diciembre votó a favor de la recusación del alcalde y contra la concesión de la compatibilidad al funcionario, lo que le fue notificado, según la letrada municipal, en su puesto de trabajo, en su domicilio y en la sede del sindicato que representa "y no consta que lo recogiese hasta el 9 de enero de 2014".
Sobre la vulneración de los derechos sindicales, el ayuntamiento defendió que el delegado sindical y asesor jurídico adjunto "llegó a su puesto actual años después de ser elegido como representante sindical y asiste a todas las mesas de negociación de los convenios laborales.
"QUITARLE DE EN MEDIO"
Según el funcionario, hubo "intencionalidad manifiesta" de "quitarle de en medio" por lo que, según su letrado, el Ayuntamiento "ni siguió el procedimiento adecuado ni es el pleno municipal el órgano que tiene que determinar esto, sino la Comisión de pleno en la que se debió plantear propuesta de resolución antes".
"Y nunca antes de denegaron compatibilidades, así que está claro que el pleno del Ayuntamiento está cambiando de criterio, por lo que tendrá que motivarlo, acreditar sus argumentos para tomar esa decisión de denegar esta", ha añadido el letrado del funcionario.
Por su parte, la letrada municipal ha argumentado que sí se denegó alguna compatibilidad antes y ha concretado "que el propio Javier G.G., denegó al menos una cuando era él el jefe de Personal, y así queda acreditado en la documentación de prueba".
