Considera que la denunciante pudo incurrir en delito por tratar de conseguir un beneficio económico y cita a ambos a declarar. El fiscal recurrirá contra la causa abierta al denunciado al entender que no delinquió
El ministerio público adelantó ayer que recurrirá en reforma ante el propio juzgado y subsidiariamente en apelación ante la Audiencia provincial el auto en el que la titular de Instrucción 3 de Ourense opta por investigar al presidente de la Diputación, Manuel Baltar, por un presunto delito de cohecho o bien tráfico de influencias y lo cita a declarar el 10 de marzo, al considerar, como ya apuntó en un decreto previo de la Fiscalía, que no cometió delito alguno. Todo ello, en relación a la denuncia por acoso sexual presentada por Teresa Fernández, quien asegura que Baltar en el año 2010 le prometió un puesto de trabajo fijo a cambio de sexo. Fernández asegura que accedió en una ocasión pero que Baltar no cumplió su palabra.
La jueza, que ayer anunció la citación de ambos en calidad de investigados, no contempla un delito contra la libertad sexual tras el estudio de la denuncia y de las grabaciones aportadas por la mujer a la causa (mensajes de texto t y audios). Entiende la instructora que no queda acreditada, "sin perjuicio de una ulterior comprobación", la existencia de una relación laboral, docente o de prestación de servicios entre ambos en el momento de la relación sexual", lo que en opinión de la titular del juzgado excluye "en principio el tipo del artículo 184 del Código Penal", es decir, la existencia de acoso.
No obstante, el auto baraja la opción de que puede existir un delito de cohecho del artículo 419 y ello sin perjuicio "de la calificación como delito de tráfico de influencias dada la relación personal" del investigado -Manuel Baltar- con el que era presidente de la Diputación en el momento de los hechos, "que también se compromete a proporcionarle un trabajo". Pero la magistrada tiene en cuenta que la perjudicada al acudir al juzgado de instrucción de alguna manera se está autoinculpando en un supuesto delito de cohecho (sexo a cambio de un puesto de trabajo en una organismo público), por eso la cita en calidad de investigada (antes imputada) para el 10 de marzo. Considera la juez que esta situación "exige atender a la conducta punible del particular que entrega retribución a autoridad o funcionario público para realizar un acto contrario a los deberes del cargo, que se concretaría en un nombramiento prescindiendo de las disposiciones legales que lo regulan; "o en consideración a su función o del particular que influye en funcionario público o autoridad prevaliéndose de una situación derivada de su relación personal con éste (artículo 429 del Código Penal)para conseguir una resolución que le pueda generar un beneficio económico".
El fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, tal como recogió en un decreto de 25 de noviembre de 2015, en el que archivaba la denuncia de Teresa Fernández ante la Fiscalía. En su resolución, ya descartó la figura del cohecho porque "no puede darse en quien no es autoridad" (la supuesta relación sexual se produjo casi dos años antes de que fuera nombrado presidente de la Diputación).
