El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense ha acordado la declaración de dos testigos y un perito en la causa que instruye por el conflicto urbanístico en la plaza de San Antonio de la ciudad y por el que está imputada por presunta prevaricación la concejala de Urbanismo, Áurea Soto.
El magistrado ha acordado estas declaraciones en un auto en el que atiende a un escrito de la acusación popular, Cristina Rodríguez, en el que reclamaba la declaración de la vecina a la que indemnizó el Concello con 350.000 euros para solucionar el conflicto urbanístico que amenazó con el derribo de la plaza. Según el auto, la mujer declarará el próximo 17 de octubre. Para ese día está citado también el abogado Carlos Hernández, que realizó un informe sobre la concesión de la licencia al aparcamiento ubicado en el subsuelo de la plaza. Junto a estos dos testigos, está citado para ese mismo día un perito, Demetrio Losca.
LA INSTRUCCIÓN
La investigación judicial, por la que la concejala declaró a finales del pasado mes de abril, se centra en la explotación privada del subsuelo de la plaza de San Antonio por parte de un aparcamiento que obtuvo licencia municipal, así como en los criterios seguidos para acordar la indemnización a la vecina que denunció la ilegalidad de la plaza, que estuvo amenazada de derribo durante años. El tema fue llevado al juzgado por Democracia Ourensana pero Cristina Rodríguez, hija de un promotor que mantiene varios pleitos con el Concello, presentó una querella y se personó como acusación popular.
LA INSTRUCCIÓN
La investigación judicial, por la que la concejala declaró a finales del pasado mes de abril, se centra en la explotación privada del subsuelo de la plaza de San Antonio por parte de un aparcamiento que obtuvo licencia municipal, así como en los criterios seguidos para acordar la indemnización a la vecina que denunció la ilegalidad de la plaza, que estuvo amenazada de derribo durante años. El tema fue llevado al juzgado por Democracia Ourensana pero Cristina Rodríguez, hija de un promotor que mantiene varios pleitos con el Concello, presentó una querella y se personó como acusación popular.
